A partir del pedido de otros denunciados en la causa, el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 declaró la nulidad de la elevación a juicio del expediente en el que se investiga el presunto lavado de dinero. Según la resolución, se afectó “la garantía de defensa en juicio” y ahora la causa volverá a la Cámara Federal para ser sorteada nuevamente. La decisión la tomó el mismo tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”.
Se trata de una causa que se inició en 2017 y en la que están imputados el hijo de Pablo Escobar Gaviria, Sebastián Marroquín, y su viuda, María Isabel Santos. Se les imputa el lavado de dinero en el país junto con otros implicados, como es el caso del empresario Mateo Corvo Dolcet y María de los Ángeles Verta, precisamente, quienes presentaron el pedido de nulidad, al que luego adhirieron tanto el hijo como la viuda de Escobar. También está imputado el financista y narcotraficante colombiano José Piedrahita Ceballos.
La defensa de los imputados sostuvo que todo el accionar que se produjo tras una nota enviada por la DEA de Estados Unidos fue una “ficción jurídica” mediante la cual “se realizaron tareas de inteligencia ilegales y que, a través de éstas, se pretendió brindar un sustrato de legalidad”. Además, aseguran que “habrían intervenido agentes que no pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia en las investigaciones previas supuestamente realizadas”.
Por otro lado, sostuvieron que “los fondos que fueron aportados eran legales, que no se había acreditado riesgo a la administración de justicia ni demostrado el ilícito precedente”. También adhirió otro de los implicados en la causa Mauricio Alberto Serna Valencia, ex jugador de futbol de Boca Juniors, conocido como “chicho”, quien “consideró una “maliciosa e infundada” elección del grado de participación que se le atribuye”.
La causa ya había sido elevada a juicio oral y sólo faltaba fijar la fecha de audiencia para el debate. Sin embargo, el tribunal declaró la nulidad de la elevación a juicio y recordó que durante la instrucción "la privación a las defensas de acceder al escrito presentado por Piedrahita Ceballos implicó un severo menoscabo al ejercicio del derecho de defensa en juicio de los imputados”.
Por ello, los jueces Rodrigo Gimenez Uriburu, María Gabriela Iñiguez y Néstor Costabel, sostuvieron que “es imperativo que para ejercer eficazmente su ministerio, la defensa pueda contar con todos y cada uno de los elementos de prueba que han sido incorporados a la causa” y declararon la nulidad. Así, ahora la causa irá para la Cámara Federal que deberá realizar un nuevo sorteo y designar así un nuevo juez de instrucción que “deberá continuar con el trámite del legajo”.
Piedrahita Bayron figura como “arrepentido” y es quien tras quedar detenido en Colombia, y confesar en Estados Unidos y en su país haber lavado casi u$s 3 millones provenientes del narcotráfico en la Argentina. De allí se deriva el informe de la DEA que da inició al expediente. Según el Ministerio Público Fiscal, tanto Piedrahita Ceballos, Corvo Dolcet, junto con Verta, Sánchez y Ruíz, integrarían "una asociación criminal de corte internacional” que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 hasta septiembre de 2017.
Finalmente, según la fiscalía la empresa criminal se valió de una serie de actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos llevados adelante en nombre propio, y mediante la utilización de –al menos- la firma panameña “Distry Panamá S.A.”, y las sociedades locales “Insula Urbana S.A.” (y sus predecesoras), “Pilar Bicentenario S.A.”, “MCD Inversiones y Representaciones S.A.”, “Tango Suite S.A.”, y “Club Monserrat S.A.”, a través de las que lograron ingresar al sistema financiero argentino sumas que alcanzaron los –cuanto menos- U$S 3.081.164 y $1.713.035,15.
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