Esta tarde en el anexo del Congreso, la comisión de juicio político avanzó en la apertura de las medidas de prueba, su producción y la citación de testigos para el 23 de febrero. La comisión aprobó la citación como testigos para la semana que viene de los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, y del fiscal Ignacio Mahiques, hijo del camarista y hermano del fiscal porteño. También se rechazó la citación del presidente de la Nación. Así como por 16 votos del FDT a 15 se aprobó la ampliación de medidas de prueba y su producción en el marco del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en en la Cámara de Diputados.
En este sentido, la comisión aprobó la citación del administrador general del Poder Judicial, Héctor Marchi, así como del ex senador radical, Mario Cimadevilla, y varios integrantes de las vocalías de los jueces de la Corte Suprema que irán declarando como testigos en el transcurso de las jornadas de la comisión que funciona los jueves durante 3 meses desde su inicio.
En las siguientes dos jornadas, fueron citados funcionarios judiciales de las vocalías de los cuatro jueces de la CSJN. Ellos son: Cristian Abritta, extitular de la secretaría judicial N°5 de la Corte; Sergio Romero, subdirector de gestión interna y habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Cárdenas Ponce Ruiz, titular de la secretaría judicial N°2, previsional; Alejandro Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Rosatti fueron convocados Roberto Saggese y Adriana Valinotti. Además, a propuesta de la Coalición Cívica –impulsora del juicio político al juez Ricardo Lorenzetti-, será citado el exsenador y exmiembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR).
En tanto, el diputado Grosso solicitó la citación de los siguientes testigos para las siguientes jornadas: de la Secretaría judiciales de la CSJN: Sebastián Alberto Garay, Secretaría de juicios originarios: Gustavo Naveira de Casanova, Secretaría Judicial N7 tributario aduanero bancario: Marcelo Navarro, Secretaría 6 Laboral: Damian Ignacio Font y Secretaría Judicial 1: Sergio Miguel Napoli. Vocalía Lorenzetti: María del Carmen Bourdin. Vocalía Rosatti: Guillermo Sebastián Garay; María Sofía Sagués, Andrés De Azcarate, Isabel López Alduncin, Natalia Hilda Monayer, Soledad Inés Castro.
La jornada fue de un álgido debate con una fuerte discusión durante la cuarta reunión de la Comisión de Juicio Político, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade que insistió con la presencia de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, para comparecer ante los legisladores.
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— Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) February 16, 2023
Al hablar después de las intervenciones de Pablo Tonelli y Juan Manuel López, quienes cuestionaron la legalidad de la prueba, el oficialista arrancó: “Me hubiese gustado que esta discusión sobre garantías constitucionales y esta defensa tan férrea de los derechos de los ciudadanos la hubiésemos tenido cuando en el gobierno de (Mauricio) Macri arreciaba el espionaje y Claudio Bonadio metía en cana a diestra y siniestra”.
Sobre la citación de los testigos, el bonaerense dijo que no encontraba “ningún testigo en el listado que hemos propuesto, el ya votado y el que se va a votar, que no tengan conocimiento de los hechos total o parcialmente. Todos los testigos tienen una razón de ser”. “Si la posición del bloque Juntos por el Cambio va a ser descalificar la validez probatoria de los chats (sobre Lago Escondido), entonces ¿por qué no podemos discutir cómo se llegó a la sentencia en donde se descalificó la validez?”, expresó.
Y enfatizó que Robles y D’Alessandro pueden venir y decir “no puedo declarar, estoy imputado”. “¿Por qué aparece usted (a Tonelli) o López como defensor antes de tiempo? ¿Están imputados o no están imputados? ¿La causa existe o no existe? Que vengan ellos que son los que están en conocimiento de su estado procesal”, manifestó.
Tailhade retrucó: “Y si vienen y quieren declarar, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer?”. “Que los diputados ya adelanten lo que va a pasar… me parece absolutamente improcedente que se proponga esto. Ya fueron aprobados cuando votamos la prueba ofrecida de los proyectos”, apuntó. Luego aclaró que “acá nadie está pidiendo la interceptación de nadie, ni siquiera entrecruzamiento de llamadas. Lo que se está pidiendo es el listado de llamados recibidos y enviados por Robles y D’Alessandro.
¿Cuando empezó?
El jueves pasado fue el primer paso en el Congreso cuando se aprobó la apertura de todos los expedientes en trámite ante la comisión de juicio político de la cámara de Diputados por un total de 16 votos de los 31 integrantes. El Frente de Todos hizo valer su mayoría y en la votación a viva voz selló la apertura para la recolección de pruebas y continuar con el proceso de jury que más allá de este proceso será de muy difícil aprobación en el recinto. El antecedente más cercano tiene casi 20 años cuando el gobierno de Néstor Kirchner descabezó a varios ministros de la CSJN del gobierno de Carlos Menem.
“Conforme ello, y a la luz de las previsiones del artículo 7 del Reglamento Interno, nos encontramos frente a pedidos de instamiento de “juicio político” en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional respecto del Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dr. Horacio Rossati, y de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti”, dice el informe que leyó la diputada que presidió la comisión, Carolina Gaillard, y que luego de horas de exposición se aprobó a las 15.35.
Pero el problema de la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema terminó de tensarse cuando el Máximo Tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás. Esta es una de las causales que plantea el oficialismo en su pedido de juicio político en el Congreso e impulsado por el presidente.
En diciembre pasado, la Corte Suprema ordenó que se entregue el 2,95% de los fondos coparticipables al territorio porteño, que vio una merma en esos recursos cuando en septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Esta fue la gota que rebalsó el vaso para el Poder Ejecutivo que unido viene impulsado el jury para los cuatro integrantes de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Hasta abrió el Congreso en receso veraniego para impulsar el tratamiento de las denuncias en la Cámara de Diputados.
Son 14 los expedientes que vienen siendo presentados por los diputados Juan Manuel Lopez, Eduardo Valdez, por las diputadas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio y Paula Olivetto, otro de Marías Rosa Martínez y Pablo Carro y de los de la asociaciones civiles ( Asociación Argentina de Juristas) y los proyectos presentados por los ciudadanos y abogados Pablo LLonto, Patricia Isasa y Diego Sanchez pidiendo el juicio político a los cuatros integrantes de la CSJN por mal desempeño de las funciones según el articulo 53 de la Constitución Nacional. El sumario de investigación abierto tiene como misión su remisión al fiscal interviniente que puede desestimar o no la presentación de los diputados y diputadas que hoy aprobaron los dictámenes en tratamiento ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con varios cruces entre diputados oficialistas y opositores que relatamos a continuación.
El impulso del jury ante el Congreso Nacional se basa en algunos fallos supremos como la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura que lo amplió e involucró como presidente a Rosatti, también presidente de la Corte, así como el fallo que “favoreció” al jefe de Gobierno porteño por la coparticipación, pasando por el pasado fallo por el 2x1 en el caso “Muiña” que lo benefició en la reducción de su condena por delitos de lesa humanidad, entre otros como las supuestas irregularidades en el funcionamiento administrativo de la obra social del Poder Judicial.
En tanto, desde el bloque de la Coalición Cívica, el presidente de la CC, Juan Manuel López, ratificó “todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió” y aclaró: “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”. En tanto, según reprodujo “Parlamentario”, habló Mara Brawer, quien fundamentó el pedido de enjuiciamiento contra los magistrados supremos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por haber votado a favor del 2×1 para casos de lesa humanidad; y luego lo hicieron los legisladores María Rosa Martínez y Pablo Carro, quienes argumentaron el pedido de juicio por el caso de la obra social de los trabajadores judiciales y las supuestas irregularidades allí registradas.
Hoy, la comisión de juicio político aprobó la apertura de los 14 expedientes presentados presentados por los diputados Juan Manuel Lopez, Eduardo Valdez, los presentados por las diputadas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio y Paula Olivetto, otro de Marías Rosa Martínez y Pablo Carro y de los de la asociaciones civiles ( Asociación Argentina de Juristas) y los proyectos presentados por los ciudadanos y abogados Pablo LLonto, Patricia Isasa y Diego Sanchez pidiendo el juicio político a los cuatros integrantes de la CSJN por mal desempeño de las funciones según el articulo 53 de la Constitución Nacional.
“Están dados todos los pasos necesarios para avanzar en los expedientes y además dando un antecedente muy importante y un piso de análisis relevante para la comisión de juicio político de este Congreso”, señaló el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, aseguró que “estamos haciendo una malversación del instituto del juicio político con esta aceleración” y el diputado Juan Manuel Lópéz señaló que "le están haciendo mucho daño a la democracia".
La diputada y consejera, Vanesa Siley, citó uno de los argumentos del juicio político iniciado al ex magistrado Julio Nazareno, Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O'Connor donde se los terminó juzgando por el contenido de sus sentencias como un instrumento como causal de sus remociones. "Todos estos jueces sumado a Juan José Galeano y Federico Faggionato Márquez fueron destituídos por el contenido de sus sentencias", cerró Siley.
Sobre las denuncias a los jueces supremos, Siley explicó que en el fallo del Consejo de la Magistratura "Rosatti tenía un interés personal porque lo ubicó como presidente del Consejo a Horacio Rosatti que es ministro y presidente de la Corte Suprema".
Por su parte, siguiendo con los expositores de la comisión, el ex consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo que le “parece importante recordar el origen de este proceso del que estemos hablando que es ni más ni menos que el disgusto del Presidente de la Nación con una decisión de la Corte Suprema”. “Acá lo que se puso en tela de juicio son decisiones de la Corte. Nada lo describe mejor que las palabras del diputado que me antecedió (Moreau) pero es una afirmación grave.
La garantía de que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias tiene carácter normativo. Tengo que aclarar, y esto lo hemos debatido mucho en el Consejo de la Magistratura, que este principio tiene excepciones como el prevaricato, un delito expresamente marcado en el Código Penal o la absoluta arbitrariedad pueden ser causales de mal desempeño. Pero a mi modo de ver esto no está presente en este caso, no debemos ni podemos ser un órgano de revisión de las decisiones de la Corte”.
El legislador preopinante justamente fue Leopoldo Moreau, recordó un dictamen firmado por Elisa Carrió en el orden del día 395 del año 2012 que dice textualmente que la Cámara debe conocer, juzgar a los ministros de la Corte y en su caso acusar ante el Senado a quienes hubieran cumplido mal su función y para ello debe analizar sus sentencias, sus fundamentos y consecuencias. "Respaldo este concepto. Los jueces producen sentencias y los juzgamos por los resultados. ¿Y dónde los juzgamos? Acá en la Comisión de Juicio Político porque es la instancia para hacerlo. La Corte no tiene una instancia de revisión como sí tiene un juzgado de primera instancia o una cámara, salvo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados”, señaló el diputado oficialista.
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