Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscala general Indiana Garzón se manifestaron en contra de la absolución de 12 personas, entre ellas funcionarios públicos, acusadas del lado de 20 millones de pesos generados por hechos de corrupción, y presentaron un recurso de Casación para reiniciar el proceso penal en su contra.
La megacausa tiene entre sus acusados a funcionarios públicos que, valiéndose de su condición de jerarquía, fueron los líderes de una asociación que generó fondos de forma ilegal y los blanqueó.
Los acusados fueron absueltos en septiembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia de la megacausa denominada “Lavado I”. Entre ellos, está el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, el exsecretario de Comercio de Resistencia, Roberto Lugo, quienes fueron señalados por liderar la organización ilícita.
Acusación
El Ministerio Público Fiscal señaló que Rey y Lugo usaron su posición de funcionarios para formar la estructura de lavado de dinero y que él mismo venía de hechos de corrupción entre los años 2011 y 2018. Asimismo, se la señaló como cómplice a la esposa de Lugo, Mónica Viviana Yaczuk.
El resto de los acusados son Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Gustavo Alejandro Katavich, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla.
La pena solicitada por el MPF era de 13 años de prisión para Rey, Lugo y Katavich, por ser líderes de la asociación ilícita y funcionarios públicos. A su vez, Ismáel Fernández también fue señalado como integrante y con el agravante de funcionario público, por eso se pidieron 13 años.
Por su parte, a Patricia Vázquez, Ramón Chávez y Claudia Varela, se le pidieron penas de diez años de prisión; de ocho años de prisión para Yaczuk y Cristina Dellamea; y de seis años de prisión para Ricardo Retamozo.
En tanto, para Carlos Rubén Osuna, Carlos Amarilla y Miguel Ángel Vilte, acusados como cómplices necesarios del delito, la fiscalía pidió siete años de prisión y para María Laura Aguirre e Iván Bilcich, por último, tres años por ser cómplices secundarios.
Los fiscales Carniel, Gonella y Garzón, indicaron que hubo arbitrariedad “por desconocimiento y por aplicación errónea del tipo penal” y aseguraron que el Tribunal hizo un “análisis parcializado y sesgado de la prueba ofrecida en el debate”.
Además, remarcaron: “Se observa una aparente por tanto inexistente fundamentación, sobre la base de una interpretación errónea y parcializada, circunstancia que llevan al tribunal a la realización de un análisis absurdo de las constancias probatorias, lo que se tradujo, en definitiva, en una decisión arbitraria”.
“No quedan dudas que de haber conocido, interpretado y aplicado debidamente la norma que regula el tipo penal del Lavado de Activos, artículo 303 del Código Penal, haber analizado la prueba producida de manera integral y de haber sido objetivo frente a lo que las partes argumentaron otra hubiera sido la decisión en este proceso, por ello entendemos que no se pueden sostener con los argumentos plasmados en la sentencia las absoluciones dictadas”, concluyeron.
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