Distintas asociaciones y entidades del Poder Judicial federal y nacional salieron en conjunto a contestarle al presidente Alberto Fernández luego de su encendido discurso contra la Corte Suprema, que no dio declaraciones oficiales.
Esto se refiere al artículo 109 de la CN que expresamente refiere: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Este artículo es el que mencionan fuentes judiciales en la Corte y también al que se refieren los comunicados de las diferentes entidades que nuclean jueces, fiscales y también abogados.
Continúan las repercusiones tras el discurso que dio el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, ocurrido el primero de marzo. En el mismo, lanzó duras críticas y cuestionamientos al Poder Judicial y esto despertó las alarmas de distintos organismos que nuclean funcionarios y magistrados, los cuales no tardaron en comunicar sus críticas y repudios.
Uno de ellos fue el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que expresó en un comunicado que lamentó las expresiones y consideró que lo dicho “constituye una falta total de respeto y educación, increpar a las autoridades de la Corte Suprema allí presentes con manifestaciones propias de un mitin partidario, y no de una ceremonia de alto contenido institucional”.
“Próximos a cumplir cuarenta años de continuidad democrática, es necesario que cada uno de los Poderes del Estado respete escrupulosamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos”, enfatizaron desde el colegio y remarcaron que “resulta impropio del Poder Ejecutivo -y vedado constitucionalmente-, pretender influir en causas judiciales en trámite emitiendo opinión sobre su contenido y diciendo cómo deben ser falladas”.
En esa línea, cuestionó: “Hoy hay un tercio de vacantes sin cubrir en los tribunales federales y nacionales como consecuencia de 51 ternas paralizadas en el Poder Ejecutivo, y 24 designaciones sin tratar por el Senado, además de la designación del titular de la Procuración General de la Nación y de la vacante existente en la propia Corte Suprema de Justicia, todo lo cual compromete la eficaz prestación del servicio de justicia”.
“Exhortamos a los Poderes del Estado a ajustarse al ejercicio de los deberes y facultades constitucionalmente conferidos brindando respuestas que garanticen la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”, finalizaron.
De igual forma, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, mediante un documento firmado por 21 presidentes de distintos lugares, subrayó su “enérgico repudio a las expresiones que el Sr. Presidente de la Nación empleara en su discurso de apertura enfrentando a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación”.
Asimismo, dijeron que se advirtió “con extrema preocupación que un acto de singular trascendencia institucional, sea utilizado como excusa para enmascarar un verdadero ataque a las autoridades de otro Poder del Estado, representado institucionalmente por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti y su Vicepresidente, el Dr. Carlos Rosenkranzt”.
En tanto, afirmaron que no intentan “desnaturalizar la atribución presidencial de abrir anualmente las sesiones del Congreso a los fines de dar cuenta del ‘estado de la Nación’, de las reformas prometidas por la Constitución, recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”, pero consideraron que “no será sino sobre la base de un incondicional respeto a la Constitución Nacional que será posible alcanzar el equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y el tan anhelado fortalecimiento de las instituciones”.
“Exhortamos a las autoridades responsables a que enaltezcan el interés supremo de la ley y de la justicia, contribuyendo con el respeto al principio de división de poderes; a que se valore la independencia judicial, se impida todo acto de avasallamiento ajeno a un Estado de Derecho y al espíritu republicano que debe guiar los actos de gobierno”, destacaron.
La Junta de Presidentes concluyó: “Llamamos a la reflexión, para que cada órgano del Estado asuma y cumpla el rol que la Constitución le tiene asignado, evitando que con actitudes como la que por este acto reprobamos, se dañen innecesariamente las instituciones, cuya solidez es indispensable para avanzar hacia un verdadero Estado republicano en el que se preserven los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”.
La AFFUN, que nuclea fiscales federales de todo el país, envío un comunicado a este medio en el cual reitera “que se está perturbando de forma grave la independencia de la función judicial, toda vez que el titular del Poder Ejecutivo efectuó agravios inoportunos e infundados sobre el desempeño de magistrados en causas judiciales en trámite, alguna de las cuales tienen una condena, que aún no se encuentra firme, dictada por un Tribunal Oral en el marco del debido proceso, como lo requiere la Constitución Nacional”.
En este sentido, desde la entidad conducida por Ricardo Toranzos evidenciaron la falta de acuerdo para solucionar los problemas de la Justicia como la cobertura de vacantes de fiscales: “existen 24 ternas para designar fiscales federales sin resolución por el Poder Ejecutivo en todo el país”. Y refiriéndose a la amenaza narco a Messi en Rosario, la AFFUN agregó que las ternas no resueltas como la fiscalía de Rosario, en Santa Fe.
En este sentido, Consejo de la Magistratura avanzó en la instalación de cámaras de Seguridad de alta complejidad en Tribunales Federales de Rosario tras un llamado telefónico entre el presidente del CM y la CSJN, Horacio Rosatti, y el titular de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda. Son 8 videocámaras de alta complejidad que ya se instalarán y además se encuentra abierto un proceso de licitación para complementar con 139 cámaras el sistema de videovigilancia en los Tribunales Federales de Rosario.
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