Tras la ola de violencia de las bandas de narcotraficantes en la ciudad de Rosario, la cámara de Diputados se reunió para avanzar en un proyecto de ley que planea crear 27 fiscalías, 9 cargos de defensores y jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto. Esta iniciativa va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ya rige desde 2014 pero por ahora sólo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy y vendría Mendoza.
¿Que pasó para que el tema tomó tanta notoriedad? Ocurrió que el número de homicidios en el Departamento Rosario osciló desde 2014 entre los 165 y los 254, pero que en 2022 saltó a 288 y este año registra casi uno por día.
Las comisiones de Justicia y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitieron dictamen sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de Santa Fe con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.
El texto, que prevé la creación de cargos de fiscales, defensores y jueces (de garantías, revisión y ejecución) en distintas localidades, deberá ser tratado ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para luego pasar al recinto para ser votado.
El diputado Roberto Mirabella explicó en el debate, según el medio Parlamentario, que “en Rosario se tramitan de cinco a diez veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas se tramitan en Rosario”.
El proyecto también propone que sean la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional los que “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.
Asimismo, el proyecto de ley consensuado entre los bloque de diputados y diputadas oficialistas y opositores expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. Así como la regional Santa Fe de la UEJN se mantiene en alerta para que se agregue al proyecto la creación de la planta de personal correspondiente para los nuevos cargos en el Poder Judicial.
En este sentido, el presidente Alberto Fernández anunció el despliegue de 1.400 efectivos de las fuerzas federales en Rosario para hacer frente a la escalada de violencia y dispuso que la Compañía de Ingenieros del Ejército participe en la urbanización de barrios populares. Además, el gobernador Omar Perotti firmará hoy un convenio con la Unidad de Información Financiera (UIF) para instalar una delegación en Rosario y tener así una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos.
La Procuración General, como hizo en 2021, reiteró al Poder Ejecutivo las recomendaciones para afrontar la narcocriminalidad en las cárceles y propuso un abordaje integral junto a la Corte Suprema. Y deslizaron la "complicidad de los agentes penitenciarios con los detenidos".
La medida pedida por la PGN es para que se coordinen y extremen las medidas para “evitar los diversos factores que facilitan o promueven el acceso a teléfonos móviles por parte de los reclusos de alto perfil -por su participación en organizaciones narcocriminales- alojados en establecimientos penitenciarios”.
Fue tras una reunión mantenida con los fiscales especializados en la temática con Eduardo Casal (quien ejerce como procurador general interino hace 3 años). Estuvieron presentes en la reunión Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional PGN, los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, quien estuvo acompañado por la fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta, y el coordinador general y titular del Departamento de Investigaciones y Litigio de esa dependencia, Alejandro Patuna Sumicky.
Lo que propone el proyecto:
-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
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