Finalmente, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recibió el pedido de implosión de penas para el exjuez federal de esa ciudad, Carlos Soto Dávila, por parte del fiscal general Carlos Schaefer, tras considerarlo culpable de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas. En la causa se investiga además a sus secretarios, quienes formarían parte de la organización criminal.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó para el magistrado 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta y especial perpetua, además de una multa de 75 mil pesos. En tanto, para sus dos secretarios, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, penales se solicitó 12 años y 9 años y seis meses de prisión respectivamente. Asimismo, el juicio compete a un grupo de abogados vinculados al delito y se pidió ocho años de prisión.
Soto Dávila, según Schaefer, cometió el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades que concurren materialmente entre sí, el cual concurre a su vez en forma ideal con el de prevaricato, en calidad de autor, reiterado en nueve oportunidades.
En esa línea, señaló que Molina y Grau son responsables del delito de asociación ilícita, en carácter de miembros de la organización, en concurso real con cohecho pasivo agravado, en calidad de partícipes necesarios, reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente entre sí.
En tanto, Molina en concurso ideal con el de prevaricato, como partícipe necesario, reiterado en seis oportunidades, mientras que en el de Grau con una reiteración del delito en tres ocasiones.
Quienes también están vinculados a la causa como partícipes son Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione, a los que se le solicitaron penas de 8, 7 y 5 años de prisión respectivamente, y que sean inhabilitados de forma perpetua por ser considerados responsables de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros de la organización, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado, reiterado en cuatro oportunidades que concurren materialmente entre sí, en calidad de coautores.
El titular del PROCUNAR, Diego Iglesias, indicó sobre los acusados: "Lo hicieron de forma constante durante al menos durante siete años. Esto no es una exención de prisión mal otorgada o una conexidad no declarada. Esto es el cobro sistemático de sobornos a narcos para garantizar ese negocio millonario”.
Además, enfatizó que “por las evidencias recogidas en este debate y las demás que fueran incorporadas por lectura, el MPF tiene por probado los hechos objeto de este proceso descriptos en los requerimientos de elevación a juicio”, y agregó que “cuando los hechos objeto de este juicio fueron cometidos en el marco de actuación de un juzgado federal, por sus máximas autoridades, quienes tienen específicos conocimientos como para ocultar los rastros de su ilícita conducta. Quiénes saben buscar pruebas, saben cómo evitar dejarlas”.
“Los hechos deben ser apreciados en su integridad, observándose el cuadro completo. No la foto sino la película completa”, consideró Iglesias.
Comentarios recientes