La presentación amplía la denuncia interpuesta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el 7 de diciembre pasado por instrucción del presidente Alberto Fernández, en la causa que investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y posible cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado a Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; y a Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

La ampliación de demanda incluye a Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; todos ellos imputados por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, en diciembre de 2022 como contó Tiempo Judicial donde se solicita que se investigue el incumplimiento por parte de los jueces Cayssials y Ercolini porque tenían la “obligación de excusarse de intervenir en causas vinculadas a los integrantes y promotores de la comitiva que viajó a la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido”.

La fiscalía también imputó a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política; por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 258 del Código Penal.

 

La presentación también señala que el juez federal Ercolini omitió inhibirse en la causa penal en la que se investiga al ex ministro D’Alessandro por “sus relaciones espurias con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti”.

“En mi rol de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, consideró Soria en la ampliación de la denuncia presentada en el Juzgado Federal 1 de los tribunales de Comodoro Py.

La denuncia la presentó Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco ante la fiscalía de Bariloche por una serie de hechos trascendidos a raíz de una nota periodística publicada en el diario Página 12. Un grupo integrado por magistrados de distintos fueros, un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una serie de empresarios había viajado hacia Bariloche “en los primeros quince días del mes de octubre de 2022”, alojados y racionados por funcionarios del Poder Ejecutivo de CABA que integrarían el partido político “PRO”.

En ese contexto, el denunciante esgrimió la hipótesis de que pudieran haberse reunido con el ex presidente Mauricio Macri en la mansión llamada “Lago Escondido”, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis. Además, agregó que el avión privado en que se habrían trasladado pertenecería a la empresa a la empresa “Flyzar” de Gustavo Fernando Carmona.

Ante la denuncia, y según consta en el expediente, la fiscalía consideró que tras una serie de medidas “fue posible determinar que el día 13 de octubre del 2022 se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola  y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Y así la fiscalía acreditó la reunión y los imputó por los posibles delitos de acción pública en infracción a los arts. 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal.