Este martes en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados se presentarán a declarar en la comisión de juicio Político directivos de la obra social que brinda cobertura a todos los jueces, empleados y funcionarios de la Justicia Nacional y Federal (OSPJN).
En el período post-pandemia y sobre todo el año pasado, la OSPJN recibió críticas de la mayoría de los estamentos judiciales que la componen por los déficits en la atención de los pacientes por ejemplo con la falta de turnos, los reintegros y la mala administración.
En paralelo, se sumó una denuncia contra el ex director Aldo Tonon y la investigación de la propia Corte sobre su funcionamiento. Se puso en el ojo de la tormentan a dos empresas contratadas para proveer medicamentos, "Emergencia Médica Integral" y "Farmandat".
La Corte Suprema, con la firma de sus cuatro miembros, decidió solicitar explicaciones formales al directorio de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) en base a una auditoria dispuesta por el mismo tribunal supremo que desnudó falta de controles y desmanejos varios entre 2008 y 2021.(Resolución 2095/2022 - Acordada 22/2021).
En este sentido, hoy está prevista la declaración testimonial de las siguientes personas, en el marco del Juicio Político a los Integrantes de la CSJN, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, que tramita en esta Comisión: Aldo Tonon (ex Director de OSPJN), la contadora Melisa Solana (OSPJN), María Cristina Interlandi (Médica Legista y Perito de la CSJN), el contador y docente UBA Gustavo Montanini, Laura Coulin (trabajadora Judicial afiliada OSPJN), Liliana de Brito (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN) y el perito contador de la CSJN, Oscar Fernandez.
Durante el período estudiado por la "Comisión de Auditoria" -integrada por dos médicos, dos abogados y dos contadores-, la obra social estuvo bajo el control del ministro Juan Carlos Maqueda y el director designado, el médico Aldo Tonón.
La crisis en la obra social, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, comenzó en septiembre del año pasado con la denuncia de un empleado del área informática que dio cuenta de presuntas contrataciones irregulares, malversación de fondos y otras anomalías.
La investigación recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, quienes a fines de septiembre de 2021 allanaron la sede de la Ospjn en busca de documentos y los equipos de telefonía usados por los empleados. Un día después, el 28 de septiembre, y por unanimidad, la Corte apartó a Tonón y derivó el control de la obra social a la Secretaría General de la misma Corte, a cargo de Héctor Daniel Marchi.
Marchi, Carrió y la Corte
Marchi es un funcionario que ingresó a la CSJN hace 16 años y es el administrador general del máximo tribunal con un presupuesto de unos 150.000 millones de pesos, según sus registros públicos. Está en el ojo de la tormenta por en la causa donde se tira dardos contra la ex diputada Elisa Carrió que en 2016 lo denunció por enriquecimiento ilícito junto a Ricardo Lorenzetti en un expediente cerrado por Comodoro Py. En respuesta, Marchi demandó a la líder del ARI pretende una indemnización y también será citado en el jury a la CSJN.
Según la diputada Carolina Gaillard “la declaración no tiene fecha, pero fue propuesta por la Coalición Cívica y se lo va a citar”.
Según La Nación, en la causa Carrió-Marchi que llegó a la Corte el administrador de los fondos recusó a los cuatro integrantes del Máximo Tribunal: “Recusa con causa. Solicita celeridad en el trámite”. Marchi sostuvo que, como la Corte demora la resolución de su caso, “la consecuencia directa y necesaria” es que él sigue sufriendo el daño por el que inició su demanda. Y el fundamento central de la recusación que intentó Marchi fue el juicio político que avanza contra ellos en la Cámara de Diputados…
Marchi afirmó en el expediente: “VV.EE. [Vuestras Excelencias] están sometidos a la tramitación de un juicio político por las mentiras de Elisa Carrió. Si fallan en mi favor, se interpretará como un acto de defensa propia y corporativa, pues darle la razón a Carrió en estos estrados implica, materialmente, robustecer su posición en su pedido de juicio político. Si fallan en mi contra, en cambio, se interpretará como un gesto desesperado por lograr que las esquirlas de la denuncia de la Comisión de Juicio Político no los alcancen. Todos los resultados posibles conducen a la lesión de la legitimidad de la decisión y es por eso que la recusación se vuelve imperativa”. Río Revuelto.
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