Los jueces y fiscales repudian las agresiones y las amenazas

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que repudió, como lo remarcan en el documento, por tercera vez en una semana las agresiones que recibió la fiscal Karina Licalzi, quién recibió piedrazos en Lomas del Mirador, localidad de La Matanza, por parte de la familia de un detenido que apareció ahorcado en una comisaría.

En el mismo sentido que el colegio de magistrados bonaerenses, se manifestó el Ministerio Público Fiscal la semana pasada por las agresiones que sufrió la titular de la Unidad Fiscal 2 de Zárate, Ana Laura Brizuela, que "fue atacada y golpeada cuando ingresaba a cumplir con sus deberes institucionales". 

Y también la Asociación Argentina de Fiscales que expusieron en un comunicado dos puntos graves: “la falta de seguridad, tanto personal como en los edificios en que deben desarrollar las funciones” y “la falta de ética por parte de abogados”. De esta manera, detallaron la situación que viven en las fiscalías y juzgados de la provincia de Buenos Aires.

“La insólita carencia de funcionarios policiales destinados a esas tareas, la inexistencia de protocolos de seguridad en edificios y traslados; la ausencia de regulación administrativa sobre restricciones de acceso y circulación en edificios a personas no autorizadas, a lo que se suma la inexistencia de dispositivos electrónicos destinados a la detección de riesgos (scanners y cámaras), entre otras tantas falencias que parecen desconocer que la función fiscal implica un incremento grave de riesgos”, explicaron en el comunicado donde destacaron que “se pasó un límite”.

"El uso de la fuerza como modalidad de reclamo y la violencia en cualquiera de sus formas, además de ser repudiables, carecen de legitimidad en un sistema republicano", sintetizó el comunicado firmado por el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand.

Ambos casos generaron ruido y ambas instituciones salieron a pedir públicamente seguridad para los fiscales y los jueces que sufrieron golpes, no sólo amenazas. 

Según trascendió, la funcionaria de la UFI de Homicidios de La Matanza se presentó el domingo en la Comisaría Distrital Noreste 2ª de Lomas del Mirador para investigar el fallecimiento de Mauricio “Yayi” Castillo, quien apareció ahorcado en uno de los calabozos. La familia, que estaba en la dependencia, atacó a Licalzi.

Cabe aclarar que , si bien no recibió pedradas de forma directa, informaron que fue alcanzada por fragmentos de los vidrios del auto en el que llegó pero aún así se encuentra ilesa. Uno de los ejes del reclamos de la familia, es que aseguran que Castillo fue apresado por error.

Al respecto, el Colegio explicó que “fue violentada por la naturaleza de la cuestión que le tocó investigar”, y consideró que “es otra (brutal) muestra más del nivel de exposición a la violencia en el que se encuentran magistradas/os y funcionarias/os”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires reclama la urgente puesta en marcha de medidas concretas y suficientes para garantizar la integridad de las y los operadores judiciales”, exigieron desde el organismo y opinaron que “no es posible esperar a que sucedan hechos irreversibles para adoptar las medidas de protección que nuestra institución reclama desde hace años”.

En esa línea, finalizaron: “Hacemos llegar, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Matanza, nuestra solidaridad y acompañamiento a la agente fiscal agredida y a sus allegados”.