Casi como un símbolo de la realidad represiva que viven las comunidades mapuches en la Patagonia, el próximo 3 de julio se realizará el juicio por extradición a Facundo Jones Huala en el cuartel del escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, ubicado en Esquel. Se trata de uno de los escuadrones que fue allanado en su momento por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
La medida la tomó el juez Federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, el mismo juez que tiene a su cargo la causa en la que hace más de siete meses hay presas cuatro lagmien, con sus niños, y que rechaza de manera recurrente las excarcelaciones que piden la defensa de las mujeres.
“La decisión del Tribunal de aislarse dentro de un cuartel implica también el gran temor que le tienen a la gente, al Pueblo, a cualquier atisbo de solidaridad expresada en movilización popular. Prefieren la impunidad que se facilitan ellos mismos para llevar adelante un acto deleznable como el que será el juicio de Extradición”, explicaron desde la Gremial de Abogados, a cargo de la defensa del lonko mapuche.
Y recordaron que “los juicios deberían realizarse en instalaciones judiciales o civiles dispuestos al efecto para que todo el mundo pueda presenciarlos”. Otro dato a tener en cuenta es que hace unas semanas, el propio Villanueva, aceptó toda la prueba presentada por la fiscalía y, a la par, rechazó toda la prueba presentada por la defensa de Jones Huala.
Una causa irregular como excusa de la extradición
El expediente por el que fue condenado Facundo Jones Huala se inició hace varios años y Jones Huala fue condenado después de ser extraditado de Argentina. Hay que recordar que el lonko fue extraditado con una medida cautelar vigente en ese entonces del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que requirió al Estado argentino “suspender la extradición” mientras su caso se era analizado por ese comité.
El lonko mapuche fue condenado en diciembre de 2018 en un juicio con muchas irregularidades y que demostró el trabajo conjunto entre los entonces gobiernos de Sebastián Piñera y Mauricio Macri en la persecución al pueblo mapuche. Ello incluyó la extradición del lonko concedida por la Corte Suprema de la Nación Argentina y materializada por el entonces gobierno de Macri.
Ya en Chile, Jones Huala fue finalmente condenado a 6 años de prisión efectiva por el incendio de una vivienda y a 3 años y un día, por tenencia ilegal de armas. Lo cuestionable en el juicio fue que ninguno de los testigos llevados ante el estrado logró identificar al lonko en el lugar de los hechos en 2013, la hacienda "pisu-pisue", en Valdivia.
A esto se sumó que todos los que habían sido imputados e imputadas en esa causa, además de Huala otras cinco personas, fueron absueltos y sólo en el caso de la machi Millaray Hichalaf hubo una condena a dos meses de prisión.
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