Los jueces y fiscales desarrollaron un encuentro para evaluar la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal penal del norte del país que se espera que se aplique en todas las provincias que aún no lo tienen.
En el Salón Cultural América, en la ciudad de Salta, fiscales, fiscalas, jueces y juezas y funcionarios del servicio de administración de justicia expusieron sobre los desafíos, experiencias y los objetivos pendientes desde la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy.
La actividad fue organizada por la Procuración General de la Nación y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (AFFUN) y reunió a fiscales de otras jurisdicciones, como Rosario y Mendoza. En estas dos ciudades, se avanzará con la implementación del CPPF.
De acuerdo a las estadísticas reunidas desde la implementación del sistema acusatorio, el 10 de junio de 2019, a fines de diciembre del 2022, el sistema alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos, mientras que, a través del proceso mixto, en el resto del país, ese porcentaje apenas llegó al 43%.
Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (AFFUN), su presidente y titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, dialogó luego del encuentro en el norte del país con Tiempo Judicial donde resaltó el cambio del sistema mixto en el cual el expediente era el “rey” y la Justicia era “lenta” y “burocrática”.
El sistema acusatorio que rige en Salta y Jujuy desde el 2019 y se espera su aplicación en otras jurisdicciones del país comenzando por Rosario y Mendoza. “La evaluación del diseño del sistema acusatorio instalado por el Código Procesal Penal Federal, hace cuatro años, en Salta y Jujuy ha arrojado resultados muy interesantes sobre su efectividad”, señaló el fiscal salteño Toranzos de larga experiencia y quien desde hace poco tiempo asumió la gran responsabilidad de conducir a los fiscales federales de todo el país nucleados en la AFFUN.
En detalles, Toranzos destacó que a 4 años del diseño del sistema acusatorio instalado por el Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy los “resultados sobre su efectividad son muy interesantes porque se caracteriza por dar una respuesta pronta al conflicto penal. En efecto, un trámite gobernado por la oralidad masiva, en audiencias públicas, igualdad de las partes y la investigación desformalizada, permiten una respuesta rápida a la necesidad comunitaria de justicia”.
Roles de cada operador judicial en el sistema acusatorio
El sistema acusatorio realiza una concreta división de funciones, especificando los roles de los actores del proceso, mientras que en el sistema mixto se superponían funciones investigativas.
En este sentido, Toranzos dijo que “ahora el fiscal es el único y exclusivo director de la investigación, es el responsable del impulso de la acción penal. Y la defensa aparece controlando esa actividad, con un rol activo proponiendo una hipótesis del caso. Así como el juez tiene una inmediación total con los hechos, la víctima y las partes en la audiencia, y con obligada imparcialidad, resuelve en ese momento y con calidad el conflicto”.
¿Cuáles son las ventajas de la implementación del sistema acusatorio?
Los procesos penales se redujeron en más de la mitad de sus tiempos, teniendo su mayoría definiciones en el primer año y medio de trámite.
La forma de gestión del conflicto, le otorga facultades al fiscal, que le permiten utilizar salidas alternativas, no iniciando, o suspendiendo la persecución penal (principio de oportunidad, conciliación, reparación del daño integral, etc.), pese a la comisión de un delito, buscando la mejor solución del caso en base a la lesividad de la conducta delictiva.
Esto implica que el Ministerio Público Fiscal direcciona su mayor cantidad de recursos para investigar los delitos complejos y las organizaciones criminales. Un cuadro comparativo de los mismos delitos graves, dio cuenta que en el acusatorio se resuelven más del 70% de los casos ingresados al sistema, mientras que en el mixto un poco más del 20%.
Rol de las víctimas en el proceso oral
En este sentido, el abordaje directo del MPF del conflicto, no solo facilitó un acompañamiento asistencial inmediato de la víctima, sino que además ella tenga una intervención activa en la modalidad de resolución anticipada del proceso, ya que se requiere su opinión, pudiendo oponerse a la posición del fiscal y asumir el impulso de la acción.
El dinero recaudado en las reparaciones integrales, va más allá de la víctima directa, ya que se direcciona a instituciones sociales (hospitales, merenderos, escuelas, tec.)
La palabra de los protagonistas del encuentro
El procurador general interino, Eduardo Casal, calificó los resultados del sistema acusatorio como “notables”, por su mayor “agilidad y eficacia”, y puso de relieve que se consiguieron en base al “gran compromiso” de las y los operadores del Poder Judicial. Así como destacó el respeto a los derechos individuales, la transparencia y el control ciudadano, y señaló que estos aspectos se resaltan con este nuevo código, al punto tal que, en los últimos años, contribuyeron a mejorar la imagen de la justicia argentina desde el exterior.
Por su parte, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, explicó en su exposición que las definiciones de esos procesos derivaron también en beneficios a la comunidad y recordó al respecto el decomiso de una casa donde funcionaba un prostíbulo, ahora convertida en un albergue para mujeres víctimas de trata, lo que se consiguió en colaboración con el gobierno provincial.
En materia de balance, los secretarios de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima, cotitulares de la UNISA, abordaron estadísticas reunidas desde la implementación del acusatorio, el 10 de junio de 2019, a fines de diciembre del 2022, lo cual permitió establecer un importante rango de efectividad del sistema. Informaron que el sistema acusatorio alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos, mientras que, a través del proceso mixto, en el resto del país, ese porcentaje apenas llegó al 43%.
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