En un fallo histórico, un tribunal resolvió condenar a una institución educativa privada, el Instituto Galileo Galilei, a pagar una indemnización de casi $6,5 millones más intereses a una exalumna que, según la investigación, sufrió trastornos clínicos y psicológicos como consecuencia de acciones de bullying que padeció durante casi tres años, sin que los responsables docentes y directivos tomaran medidas para frenar la situación.
Los hechos se remontan al 30 de octubre de 2017, cuando el padre de la menor alertó a la dirección del colegio sobre los problemas que su hija estaba enfrentando con sus compañeros de clase. La alumna tuvo que ser internada debido a un "pico de estrés" derivado del acoso sufrido. Aunque el director inicialmente negó tener conocimiento previo de los problemas, una preceptora contradijo su versión al recordar episodios de tensión con ese grupo de estudiantes.
La adolescente ya había recibido tratamiento en el Hospital Interzonal General de Agudos por cuadros de epilepsia, y los profesionales médicos dejaron constancia en su historial clínico de los problemas que experimentaba en el colegio.
El fallo
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por Ricardo Monterisi, Roberto Loustanau y Alfredo Méndez, fue la que intervino tras una primera resolución del Juzgado en lo Civil y Comercial N°10, a cargo de Mariana Tonto de Bessone, en la que se condenó al colegio a pagar una suma de $1.604.787 en concepto de daños y perjuicios.
Según trascendió, los problemas denunciados comenzaron cuando la damnificada cursaba cuarto año y se extendieron hasta fin del ciclo secundario. Los tratos recibidos, puntualmente bullying, le causaron convulsiones y epilepsia, lo que fue comprobado por la intervención de peritos como consecuencia del acoso y maltrato en ese ámbito escolar.
En esa línea, el fallo afirmó: “Antes del hostigamiento escolar no había ningún antecedente que dé cuenta de la epilepsia que luego devino en crónica e incurable”. De hecho, estuvo presente la opinión del neurólogo que atendió a la víctima, el cual realizó el peritaje neurológico y también la psicóloga que hizo el suyo sobre el caso. Ambos coincidieron en que situaciones de estrés como el derivado del bullying pueden provocar estos episodios de epilepsia.
Asimismo, los jueces advirtieron que la parte demandada, puntualmente los responsables de la entidad educativa, deben tener conocimiento de “las potenciales consecuencias psíquicas y físicas que un alumno puede sufrir a causa del bullying”. En esa línea, consideró que la epilepsia crónica se considera como un 15% de discapacidad.
Por eso, la jueza dividió por dos ese porcentaje, pero el tribunal superior lo mantuvo completo y sumó incrementos futuros en función de “probabilidad de progreso laboral de la actora”. Así, la indemnización por perjuicio de $3.178.847,98 más un 10%, queda en una suma final de $3.496.842,78.
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