El Colegio de la Abogacía pidió a la Corte que vuelva la presencialidad plena

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal envió una carta al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rasatti, para solicitarle que el máximo tribunal arbitre los medios necesarios para normalizar la actividad presencial en los órganos judiciales, la cual había sido restrigida y modificada a raíz del surgimiento de la pandemia del Covid-19, que alteró las actividades en todas las dependencias públicas y privadas.

Ricardo Gil Lavedra le envió una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema, pidiendo la presencialidad plena en el servicio de justicia “argumentando obstáculos para el ejercicio profesional”. Esto podría tener consecuencias con el gremio de los empleados judiciales que aún está evaluando la situación.

En ese tono, el documento especificó que la Corte Suprema, al acompañar las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación en el 2020, dictó una acordada en la que declaró en el ámbito del Poder Judicial que “los tribunales aseguren una prestación mínima del servicio de justicia, prioritariamente mediante magistrados y funcionarios, licenciándose al resto del personal”.

Asimismo, la decisión también fue la de “suspender la atención al público y otorgar una licencia excepcional con goce de haberes, para todos aquellos magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as mayores de 65 años o que padezcan enfermedades que los/las hagan más vulnerables al virus COVID-19 y mujeres embarazadas por un plazo inicial de 14 días corridos (que se prolongó en sucesivas oportunidades). Asimismo, estableció una licencia especial para padres con hijos en edad escolar mientras rigiera la suspensión de clases”.

En ese marco, la carta repasó las acordadas que se realizaron para comenzar a regular la presencialidad hasta la última, en la que la regla dispuesta por la Corte Suprema de Justicia fue la presencialidad plena con la “la excepción a aquellos que padecieran alguna enfermedad o se encontraran en una situación de riesgo”.

Cada cual atiende su juego

El colegio de abogados y abogadas señaló que “esta situación ha provocado que cada juzgado de los distintos fueros tenga un protocolo de atención al público diferente, sin uniformidad de servicio, con disparidades notables en la presencia o ausencia del personal”, y consideró que esto provocó “serios obstáculos para el ejercicio de la profesión de la abogacía, y el adecuado servicio de justicia”.

Esto podría tener consecuencias con el gremio de los empleados judiciales que aún está evaluando la situación y que el año pasado vino reclamando que justamente los abogados no puedan realizar presentaciones digitales las 24 horas del día. 

“Asiduamente se reciben en este Colegio Público quejas de diferentes matriculados que manifiestan el entorpecimiento que provoca al ejercicio profesional, lo imprevisible que resulta la ausencia o presencia del personal judicial según cuál sea el tribunal que intervenga”, advirtieron desde el organismo.

Si bien reconocieron se han modernizado los medios técnicos, opinaron que “el ejercicio propio de la profesión requiere en muchas oportunidades el contacto con funcionarios/as o empleados/as que están a cargo de la compulsa de las causas”, y remarcaron que “obviar ello es no conocer cómo se ejerce diariamente la profesión”.

Otro de los reclamos fue que “en muchas oportunidades el sistema Lex-100 de gestión de causas no funciona debidamente y obliga a los/las profesionales a presentarse en los tribunales para resolver las distintas situaciones que surgen, ante los riesgos de vencimientos de plazos o eventuales perjuicios a los/las ciudadanos/as que patrocinamos”.

“No existe justificativo alguno para no cumplir con la presencialidad plena como lo ha dispuesto ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó la carta firmada por Ricardo Gil Lavedra. Gil Lavedra recordó que “la pandemia terminó”. “Es necesario que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema, respecto de la presencialidad en todos los tribunales, a fin de no perjudicar el adecuado servicio de justicia”, subrayó en referencia a la acordada del 20 de octubre de 2021.