Un operativo sin precedentes tuvo lugar el pasado jueves 10 de agosto en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias del país, en el que se llevaron a cabo 27 allanamientos simultáneos en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Federal. El procedimiento fue realizado por investigaciones relacionadas con la adquisición ilegal de criptoactivos, una actividad que se estima causó un perjuicio económico de alrededor de $30.000.000 de pesos.
La acción fue llevada a cabo por equipos especializados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal, y su resultado fue la incautación de criptoactivos equivalentes a unos USD 4.000 en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDt. Estos criptoactivos fueron almacenados en billeteras descentralizadas bajo el control de los Agentes Fiscales involucrados en el operativo.
Además de la confiscación de criptoactivos, el operativo también permitió el secuestro de dinero en efectivo, USD 10.000 y $20.000 pesos argentinos, así como equipos tecnológicos que presumiblemente se utilizaron en actividades ilícitas. Entre los elementos secuestrados se encuentran computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, consolas de videojuegos, tarjetas de crédito, armas de fuego y drogas. Durante el operativo, se logró la identificación de 24 personas relacionadas con las investigaciones en curso.
La labor de investigación fue dirigida Martin Laius, del departamento judicial Junín, Jorge Leveratto y el Secretario Julio Pérez Carreto, del departamento judicial San Nicolás, Alejandro Musso y la auxiliar letrada Denise Banchero, del departamento judicial San Isidro, y Mariana Curra Zamaniego y el secretario Leandro Montejo, del departamento judicial Quilmes.
crédito: MPF Pcia. de Bs. As.
El Departamento de ciberdelitos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Gisela Burcatt, coordinó este operativo junto con su equipo de investigadores de criptoactivos de la provincia, liderado por Rafael García Borda. La colaboración entre la Procuración General, la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina y otras unidades judiciales y de seguridad fue esencial para el éxito del operativo.
Los allanamientos se llevaron a cabo en diferentes provincias argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Corrientes, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las investigaciones que condujeron a este operativo se originaron en maniobras de phishing e ingeniería social, que evolucionaron hacia operaciones bancarias fraudulentas. La transformación del dinero sustraído en criptoactivos añadió complejidad a las investigaciones, y la colaboración entre equipos especializados fue crucial para rastrear y confiscar los activos ilícitos.
Una de las investigaciones destacadas involucró la duplicación del teléfono del jefe operativo de una empresa importante en Junín, lo que permitió a los ciberdelincuentes acceder a la cuenta bancaria de la empresa y realizar transacciones fraudulentas por más de $20.000.000. Estas transacciones luego se transformaron en criptomonedas.
En tanto, se investigó la venta de datos personales por parte de algunas personas involucradas en las maniobras delictivas. Algunos individuos habrían vendido sus datos para abrir una cuenta bancaria que se utilizó en las operaciones ilegales, a un individuo que contactaron a través de Facebook y que estaba involucrado en actividades criminales.
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