Con el objetivo de fusionar los sistemas judiciales

Mediante una resolución, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires avanzó en la interoperabilidad de dos sistemas informáticos de gestión judicial. El objetivo es garantizar una interacción permanente entre los órganos judiciales y agilizar los procesos.

En concreto, se trata de la resolución SC Nº 1994/23 del máximo tribunal provincial en la que se avanza en la interoperabilidad técnica de los sistemas informáticos de gestión judicial denominados “Augusta” y “SIMP”.

La resolución establece que a partir del próximo 10 de noviembre, para integrar los sistemas, se habiliten los circuitos digitales para: la remisión de causas sobre protección contra la Violencia Familiar y de Género; la elevación a juicio de la IPP Electrónica y remisión a la etapa de ejecución; y la interposición de recursos de apelación desde el juzgado de garantías.

Además, se prevé la habilitación de los servicios de inicio de Investigaciones Penales Preparatorias Electrónicas desde los órganos de la Justicia de Paz y del fuero de Familia, a través de los referidos sistemas, en los casos en que el órgano jurisdiccional considere la posible existencia de un delito en causas radicadas ante ellos.

Esto último tiene como fecha de inicio el mes de agosto del año que viene. Cabe recordar que desde 2019 existe una mesa de trabajo, integrada por funcionarios del máximo tribunal y de la Procuración General provincial, para proponer y elaborar regulaciones específicas.

El artículo 2 de la resolución aclara que, con respecto a la interposición de Recursos de Apelación desde los Juzgados de Garantías, hasta que se concrete la implementación se establece la "Guía de Procedimiento para efectivizar las comunicaciones en los procesos de Violencia Familiar o de Violencia de Género en el ámbito doméstico".

“Hasta tanto se especifiquen, implementen y ajusten la totalidad de los circuitos electrónicos en los procesos de violencia, los titulares de los órganos involucrados propendan a una interpretación armónica y sistemática de las normas relacionadas a la digitalización del expediente, la IPP electrónica y la normativa reglamentaria de ingreso y distribución de causas vigentes”, dice la resolución.