El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Chubut se encuentra en el centro de una investigación en curso que involucra al exadministrador de esa corte, Héctor Capraro, por su supuesta participación en el cobro de tasas de justicia por montos multimillonarios. Esta situación levantó banderas rojas y podría derivar en acciones legales de carácter penal en pocos días.
El ministro del STJ de Chubut, Daniel Báez, informó que se le asignó la tarea de ser sumariante en esta investigación interna, que tiene como plazo límite para su conclusión el 30 de octubre. El resultado de esta investigación puede variar desde consecuencias administrativas hasta la posible derivación del caso al Fuero Penal.
La investigación
Se desencadenó tras descubrirse las negociaciones llevadas a cabo por Capraro en relación con la tasa de justicia en un proceso sucesorio específico, el expediente "Jones Hugo Atilio c/Neuman, Ernesto Howell y otro s/ división de condominio". En este complicado proceso de sucesión que involucra propiedades en una exclusiva zona de la cordillera, el juez inicialmente fijó una tasa de 18 millones de pesos, mientras que Capraro, en su rol de administrador de la corte provincial, redujo esta cifra a poco más de 10 millones.
Esta marcada discrepancia entre las tasas generó sospechas y desencadenó la investigación. Asimismo, es importante destacar que la tasa de justicia es un monto determinado por el juez y no se espera que el administrador del STJ tenga capacidad de negociación en este aspecto.
El caso salió a la luz cuando uno de los jueces solicitó que Capraro dejara por escrito su solicitud de reducción de la tasa, lo que proporcionó una prueba administrativa crucial. En simultáneamente, al inicio del sumario, Capraro renunció a su cargo alegando razones personales y su intención de tramitar su jubilación. Esta decisión llamó la atención, ya que había sido elegible para jubilarse varios años atrás.
Héctor Capraro, conocido como "el séptimo ministro del Superior Tribunal de Justicia", desempeñó un papel crucial en la administración del presupuesto de ese poder, que asciende a aproximadamente 35,000 millones de pesos. La investigación también se extiende a Ligia Pérez, la responsable del área de Tasas de Justicia, cuya vivienda personal fue allanada tras una denuncia de un empleado que observó a la funcionaria suspendida en su cargo ingresando a su antigua oficina y llevándose documentación.
La situación está siendo investigada por las autoridades pertinentes y podría tener implicaciones legales significativas. La fecha límite del 30 de octubre marca un momento crucial en el desarrollo de este caso que continúa atrayendo la atención pública en Chubut en uno de los casos de corrupción judicial más impactantes hasta el momento.
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