En los últimos 10 años, la Justicia de Córdoba, la Policía y el Ministerio de Salud provincial tropezaron 160 veces con un caso emblemático: “Hugo” (o HOF), un hombre de 42 años con enfermedad mental crónica y problemas de consumo de drogas.
Hugo acumula 160 causas penales, 23 internaciones provisionales, 13 ingresos a cárceles y sometimientos periódicos a peritajes psicológicos y psiquiátricos. Y ya presentaron un hábeas corpus entendiendo el abuso policial en detenerlo sucesivas veces.
Generalmente, es detenido por agresiones o amenazas a su madre, la única persona en su vida. Pero luego es peritado, sobreseído y liberado. De esta manera, se genera un espiral interminable donde Hugo es detenido y liberado constantemente.
El pasado 9 de octubre, Hugo fue detenido nuevamente tras exigir dinero a su madre y empujarla. La mujer solicitó restricciones y medidas de protección. El juez de Control Gustavo Hidalgo concedió un hábeas corpus para evitar su detención recurrente y, a su vez, instó al Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental a proveer tratamientos alternativos.
El fallo revela deficiencias en la Ley de Salud Mental y exhorta a implementar dispositivos hospitalarios en cárceles. El juez Gustavo Hidalgo argumentó que la Provincia estaría violando pactos internacionales y compromisos legislativos. HOF se convierte así en un caso testigo de numerosos casos invisibilizados detrás de esta problemática.
Este planteo había sido efectuado por la defensora oficial Alfonsina Muñiz y su auxiliar Guillermina Machado. Y lo hicieron en nombre de Hugo y, también, en el de su madre. “Se observa una pluralidad de procesos, en su mayoría delitos de violencia familiar, resultando su madre damnificada. Las medidas ineficaces no sólo repercuten en la persona de HOF, sino también en su madre, quien, como destinataria de las conductas de su hijo, tiene derecho a que las intervenciones públicas sean efectivas y que la resguarden adecuadamente”, plantearon, según publicó el diario cordobés La Voz.
En su resolución, Hidalgo ordena al Ministerio Público Fiscal y a la Policía que en el futuro, en cada detención contra Hugo “se abstengan de someterlo a medidas cautelares de encarcelamiento en sedes de comisarías, unidades penitenciarias comunes, contravencionales o áreas de recepción de detenidos o aprehendidos”
Asi como que se realice una valoración médica inicial “a los fines de determinar su alojamiento en un nosocomio acorde al diagnóstico médico presuntivo (enfermedad mental crónica), con especialidad en salud mental, siempre que no se advierta de dicha valoración sintomatología propia de una crisis aguda que amerite su alojamiento preventivo en un nosocomio con custodia”.
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