Protocolo antipiquetes: audiencia en los tribunales de Comodoro Py

Este miércoles se realizó una audiencia en el juzgado federal de Sebastián Casanello entre la parte demandante y la demandada. La audiencia se convoca en el marco de un Hábeas Corpus, y cuenta con la movilización de organizaciones de izquierda y de derechos humanos a los tribunales de Comodoro Py.

Una resolución del juez federal Sebastián Casanello exhortó al Ministerio de Seguridad a que “en el marco de su competencia, adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho, incluido todo el bloque de constitucionalidad”.

La Justicia le advirtió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se adecue a “los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”. Lo hizo al dictar una medida cautelar en la causa en la que la justicia federal debe analizar el protocolo antipiquetes. La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había advertido al gobierno sobre el mismo.

Ello, “debiendo sujetarse al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, entendidos como derecho constitucional reglamentado”, dice la sentencia difundida por el sitio PDD. Además sostiene que se “instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales”.

La medida cautelar también consigna que la cartera de seguridad debe tomar razón del “estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024 (OL ARG 3/2024), e instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a observar un comportamiento adecuado a ese estándar”.

Casanello convocó para que próximo 14 de febrero a una audiencia de habeas corpus (art. 14 de la Ley 23.098) para que comparezcan el/la representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.

En contexto, ATE Capital e H.I.J.O.S. Capital denunciarón a Bullrich por “abuso de autoridad y los delitos” que pudieran derivar de la represión cometida en los días de tratamiento de la fallida Ley "De Bases" puesto que “la represión indiscriminada y desmedida es criminal”.

"Desde el campo popular no vamos a abandonar la lucha ni dejar de apoyar a los diputados que defienden nuestros derechos. Tampoco vamos a dejar de denunciar la violencia institucional, la represión y la violencia política dentro y fuera del parlamento, como tampoco vamos a tolerar que se quiere tapar la realidad con la represión a trabajadores/as de la comunicación", dijo Daniel Catalano de ATE Capital.

Por su parte Charly Pisoni de HIJOS sostuvo que "vamos a seguir defendiendo la democracia y la plena vigencia de las garantías y derechos constitucionales” y “no vamos a permitir que se avance con el protocolo represivo de Bullrich y Milei con el que buscan impedir la lucha del pueblo contra la miseria planificada".

Hay que recordar que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo sobre el protocolo y el accionar del gobierno argentino que “en contextos de protestas, el uso de la fuerza es excepcional y se limita a circunstancias en las que se acredite la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma. El actuar de las fuerzas civiles y policiales debe orientarse con estricta observación al respeto de derechos humanos”

El organismo recordó que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de Derechos Humanos”.

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su profunda preocupación ante denuncias recibidas por parte de organizaciones de la sociedad civil quienes señalaron uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas manifestantes y periodistas en Argentina; e instan al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística y garantizar la seguridad.

Como antecedente, entre el 31 de enero y el 2 de febrero, en el contexto de las protestas sociales en contra de la propuesta de "Ley Ómnibus", que se llevaban a cabo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, autoridades reportaron al menos 31 personas detenidas. A su vez, el Comité Nacional para Prevención de la Tortura, junto con organizaciones de la sociedad civil, registraron cerca de 285 personas heridas como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y del enfrentamiento con manifestantes. Adicionalmente, según sindicatos de trabajadores de la prensa, alrededor de 35 personas periodistas y comunicadoras presentaron algún tipo de heridas, incluyendo lesiones por impactos de balas de goma y quemaduras con gases lacrimógenos.

Igualmente, se suman reportes oficiales de al menos 7 agentes de las fuerzas de seguridad que habrían resultado heridos durante los enfrentamientos, según informó el Gobierno.