Este miércoles inició en la provincia de Córdoba el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra catorce personas durante la última dictadura militar. Serán juzgados represores por los crímenes cometidos, en su mayoría, contra mujeres familiares de detenidos que fueron secuestradas por enviar sus mensajes.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de Córdoba se encuentra integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa. Y entre los acusados, se encuentran ex miembros del Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba que ya cuentan con condenas previas y civiles, implicadas por la presunta apropiación de la nieta 107 identificada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Se trata del caso de María de las Mercedes Moreno, que estaba embarazada cuando fue detenida ilegalmente y dio a luz en cautiverio, por lo que también forma parte del debate la apropiación de su bebé, quien recuperó su verdadera identidad en 2012. Las audiencias comenzaron ayer en los tribunales federales de la provincia en el cual otras 17 personas que se encontraban involucradas ya fallecieron o fueron apartadas por incapacidad.
Moreno dio a luz en cautiverio, mientras estaba secuestrada bajo el Área 311 del III Cuerpo de Ejército, a su hija en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978. Trasladada la niña a la Casa Cuna, Laura Dorila Caligaris (F) quien en aquella fecha cumplía funciones de Asistente Social en la Casa Cuna de Córdoba y el esposo de ésta, Osvaldo Roger Agüero Dona (F), suprimieron la identidad y estado civil de la niña inscribiéndola como hija propia.
Esto se realizó mediante una sumaria información y un certificado médico firmado por el doctor Vicente Antonio Spitale, quien falsamente afirmaba haber atendido el parto de la funcionaria Caligaris. Realizados en la causa los análisis de ADN en el año 2012, el 26 de septiembre de ese mismo año, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confirmó que se trataba de la hija de María de las Mercedes Moreno.
Están acusados ex miembros del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio y dos civiles imputadas por la apropiación, la asesora de menores Ana María Rigutto De Oliva Otero y Adela María González, cuyo falso testimonio permitió que se concretara el delito, mientras que el resto de los acusados ya fallecieron o fueron apartados del proceso.
Sin embargo, de las veintiún personas señaladas como participantes en los hechos a la fecha, por fallecimiento, enfermedad ó demoras en el proceso judicial, sólo se podrá juzgar a tres. Un dato que brindan desde Abuelas de Plaza de Mayo es que María de las Mercedes falleció en mayo de 2023 “sin haber obtenido justicia y haber podido abrazar a su hija”.
“Esta causa resulta una minuciosa y rigurosa radiografía del actuar terrorista sobre los sectores más vulnerables y de la apropiación de niños en Córdoba durante la última dictadura militar”, dijeron desde Abuelas.
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