El juez Sebastián Casanello, a sugerencia del fiscal Carlos Rívolo, determinó archivar una denuncia anónima relacionada con Odebrecht que implica a la gestión de AySA y a su exdirector, Carlos Ben, debido a la insuficiencia de pruebas que respalden la acusación de un delito.
Este caso, originado a partir de una denuncia sin identificación presentada en 2016, se inserta dentro del marco del caso principal de Odebrecht, el cual ha sido recientemente objeto de cuestionamientos debido a la invalidez de las "delaciones premiadas" en Brasil.
La denuncia apuntaba a Ben por la supuesta realización de contratos irregulares durante su tiempo en AySA entre 2006 y 2015, pero tras años de investigación, no se logró encontrar evidencia suficiente para fundamentar estas alegaciones.
A pesar de los esfuerzos de los fiscales por corroborar la denuncia anónima, la falta de avances significativos llevó a la decisión de archivar el caso. El fiscal Rívolo reconoció que examinar la totalidad de las relaciones contractuales entre las empresas mencionadas y AySA, basándose en una denuncia anónima poco precisa y años después de los eventos, se asemejaba más a una auditoría que a una investigación penal.
“La presente investigación se origina a raíz de una denuncia anónima presentada en febrero de 2016, dentro del marco del caso CFP 1614/2016”. Ese es el expediente principal de Odebrecht, que hoy también tambalea porque las “delaciones premiadas” –las declaraciones de los “arrepentidos” en Brasil- fueron declaradas nulas por un juez del Tribunal Superior del vecino país, equivalente a la Corte Suprema argentina.
En este caso en particular, “dicha denuncia adjudicó a Carlos Ben, presidente de AySA, haber llevado a cabo contratos irregulares con empresas propiedad de amigos y testaferros para su exclusivo beneficio, en lugar de salvaguardar el interés público en el período 2006 – 2015”.
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