Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la condena a la líder de una asociación civil que fue condenada por el delito trata de personas con fines explotación sexual en la provincia del Chaco. La CSJN desestimó un planteo y, con ello, quedó firme la condena impuesta a Élida Mambrín a 15 años de prisión quien a través de la asociación civil “No Me Olvides”, donde reclutó a unas 70 mujeres entre marzo de 2018 y marzo de 2020, y las obligó a tener relaciones sexuales con funcionarios, a cambio de planes sociales.

Su marido, Rolando “Kilo” Vallejo, presidente de esa entidad, había sido el principal imputado de la causa, pero con el pedido de captura se suicidó en mayo de 2020. La investigación se inició en marzo de 2020 a raíz de la declaración de cuatro mujeres ante la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco.

En un esfuerzo conjunto entre autoridades nacionales y provinciales, se desarticuló una red dedicada a la trata de personas en la provincia de Chaco que operaba mediante la manipulación de planes sociales. La operación reveló una red liderada por un dirigente piquetero, quien utilizaba los planes sociales como herramienta de coerción para forzar a mujeres a la prostitución.

Según explicaron las autoridades, el intermediario retenía las tarjetas y obligaba a las víctimas a participar en marchas políticas y se apropiaba indebidamente de parte del dinero asignado por el Gobierno. De esta forma, en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, el Gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el Ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y el Diputado de Chaco Ivan Gyöker, revelaron los resultados de esta operación conjunta.

En ese marco, se destacó el arresto del acusado y la importancia de proteger a los beneficiarios de planes sociales. El Gobierno Nacional condenó enérgicamente estas prácticas abusivas y reafirmó su compromiso de proteger a los más vulnerables de la sociedad. En este contexto, el Gobierno insistió en su plan de cambiar el modelo de ayudas sociales.

Según destacaron los funcionarios, la línea 134 registró más de 80.000 llamadas desde su habilitación y destacó las siguientes cifras asociadas:

  • Llamados totales: Aproximadamente 80.000.
  • Denuncias totales: 5.214
  • 1.159 relacionadas con la quita de planes sociales por no asistir a movilizaciones.
  • 4.055 referidas a extorsiones vinculadas a la pérdida de planes.
  • Denuncias judicializadas: 1.376.

Además, remarcaron que las denuncias ya judicializadas avanzan hacia una resolución, lo cual garantiza la búsqueda de justicia para aquellos que buscan aprovecharse de las ayudas sociales. Cabe destacar que el número de teléfono 134 es gratuito y se pueden realizar denuncias anónimas sobre delitos en el país. 

Los delitos, pueden ser contra la propiedad, contra la integridad sexual, violencia familiar, delitos económicos, corrupción, amenazas, intimidación, allanamientos o cualquier otro delito que presencie o del que tenga conocimiento. Se puede hacer desde un teléfono fijo o celular, de manera anónima.