La Fiscalía Federal de Río Gallegos, Santa Cruz, a cargo de Julio Zárate, pidió la elevación a juicio oral de la causa que involucra al dueño una de granja porcina, su pareja y su cuñada, por haber captado, trasladado, acogido y explotado laboralmente a trece personas.
Además, se solicitaron medidas cautelares para frenar la comisión del delito y ordenar el decomiso de bienes que necesarios para realizarlo.
La denuncia había sido realizada en 2022 y a partir de ese momento se llevaron adelante las investigaciones pertinentes.
Una vez realizados los allanamientos, la Policía de la Provincia de Santa Cruz procedió a rescatar a las presuntas víctimas de trata laboral y secuestrar documentación.
“Se encuentra debidamente probado la participación de los implicados en la captación, traslado, acogimiento a las víctimas, con fines de explotación laboral, valiéndose de su situación de vulnerabilidad -en su calidad de ciudadanos extranjeros, provenientes de otras provincias, de escasos recursos económicos, la falta de oportunidades y de trabajo en sus lugares de origen-, que los llevó a aceptar condiciones de trabajo que no solo eran ilegales, sino que además no se respetaban las exigencias mínimas por su condición de seres humanos”, señaló la fiscalía.
Además, las víctimas arrancaban su trabajo con una deuda inicial a pagar con trabajo físico en largas jornadas laborales que violaban lo dispuesto por la ley, sin descanso y con exceso de tareas, con la promesa de un salario.
Los sueldos eran fraccionados y tardíos, no tenía recibo de sueldo, aportes ni horas extras.
Respecto de las condiciones en las que se encontraban, el fiscal Zárate indicó que vivían de manera precaria, sin agua, ni calefacción y que incluso utilizaban un tacho de pintura como baño.
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