La Cámara Federal, en medio da la conocida como "Causa Seguros", falló contra el expresidente Alberto Fernández, quien había pedido que sea apartado el juez Julián Ercolini por "enemistad manifiesta".

A su vez, la Cámara revocó la inhibición de bienes que se había trabado al exmandatario y a los demás involucrados. Lo decidieron el juez Roberto Boico y Eduardo Farah; Martín Irurzun, se pronunció en disidencia.

Boico se manifestó ante el pedido de Fernández, quien sostenía que Ercolini no podía juzgarlo porque a pesar de haber mantenido un amistad en su época de estudiantes se habían distanciado y que el propio Presidente había impulsado la investigación por las reuniones en Lago Escondido.

El juez Julián Ercolini.

"La alegación de amistad/enemistad entre el Dr. Fernández y el Dr. Ercolini –pese a lo creíble del desarrollo de la relación profesional que los unió- contrasta con la expresa negativa del magistrado y la falta de elementos objetivos que desvirtúen ese rechazo”, sostuvo.

Además, señaló: "La constatación de la causal de ‘denuncia previa’ no puede ser descartada por la falta de rúbrica de parte de quien la ordenó (el por entonces Presidente) ni por el devenir de la investigación en que fue radicada, pero tampoco basta con la sola invocación de aquella; se requiere de constataciones adicionales relativas a su tenor, antecedentes y devenir que para mí no están dadas en la presente”.

La Causa

El 2 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial un decreto firmado por el entonces presidente Alberto Fernández donde se dispuso que a través de la firma "Nación Seguros S.A." -quien gestionaba Alberto Carlos Pagliano-, y mediante un convenio interadministrativo, todas las jurisdicciones y entidades que se encontraban dentro del artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional tenían que implementar la contratación de pólizas de seguros.

Así fue que se habilitó a que otras aseguradores en forma de coaseguro pudieran participar de las contrataciones y que gran parte de ellas contaran con intermediarios aunque no fuera necesario.

Entre los intermediaros que cobraron grandes comisiones se encuentran Oscar Alberto Castello y Héctor Martínez Sosa, vinculado a la empresa 'Bachalier S.A.' y esposo de la secretaria de Fernández.

Por su parte también están señalados Pablo Andrés Torres García, frente a 'TG Brokers', y la empresa San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., quienes intermediaron en una póliza de la ANSES.