A poco de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, el presidente Javier Milei enviará un proyecto para reactivar los juicios por los atentados tanto a la Asociación Mutual Israelita como a la embajada de Israel.
Fue presentado este miércoles a las 14 horas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada.
"En este proyecto, donde trabajaron varios colaboradores, se respetan principios rectores sagrados que nos rigen. El procedimiento que implementamos es justo y simple. Si el imputado no comparece o se fuga sigue el juicio sin su presencia y con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el autos del procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa. Se filma el juicio, se resguarda la prueba, tienen derecho a recurso, etc. Y la prueba no se pierde. Los testigos declaran, se colecta la información en plazo y la defensa puede confrontar la prueba. Al final del debate, se hacen los alegatos y se dicta la sentencia condenatoria o absolutoria", indicó Cúneo Libarona.
Y agregó: “Se garantizan todos los derechos a todas las partes. Y así, finalmente, se colecta la prueba, se reconstruyó la verdad con la bondad y transparencia de un juicio oral y público. Las víctimas y la sociedad y la defensa asistieron al juicio, lo observaron, controlaron y ejercieron sus derechos. Se respetan también el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio. Se le provee al imputado un claro asesoramiento legal. No se vulnera el principio de inocencia. El imputado tiene defensa, derecho al recurso y no se destruye su estado de inocencia".
El equipo Legal y Técnico del Gobierno trabajó para impulsar los juicios orales y público y busca modificar el artículo 290 del código Procesal Penal, el cual establece la obligatoriedad de la presencia personal de los imputados por juzgar en delitos calificados como terrorismo, genocidio y de Lesa Humanidad.
De esta manera, sin la presencia de los imputados, podría realizarse el juicio una vez que pasen 12 meses de que se pida la captura internacional y el Estado le asignaría un defensor oficial a los acusados a no ser que ya hayan designado uno con anterioridad.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma sentenció que los atentados fueron organizados por la República Islámica de Irán y ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
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