La reforma de la Ley 26.657 vuelve a poner en disputa el rumbo de la salud mental en Argentina: entre profundizar un enfoque basado en derechos, inclusión y abordajes comunitarios, o reactivar lógicas centradas en el encierro y la medicalización. Más que un cambio normativo, el debate interpela el modo en que el Estado responde al sufrimiento y define quiénes quedan dentro —o fuera— de la ciudadanía plena.