El proyecto que endurece las penas por falsas denuncias en violencia de género desplaza el foco desde la violencia hacia quienes denuncian, en un contexto donde la subdenuncia es mayoritaria y los femicidios persisten. El recorte de recursos y el debilitamiento de políticas de asistencia agravan las barreras de acceso a la Justicia y reducen las condiciones necesarias para que las víctimas puedan sostener el proceso judicial.