La reforma al sistema de selección de jueces de la Corte Suprema impulsada por el Gobierno nacional generó un amplio rechazo de organizaciones especializadas y entidades de la sociedad civil, que advirtieron sobre un impacto negativo en la transparencia, la participación ciudadana y la diversidad en el máximo tribunal.
Las críticas se centraron en el decreto 467/2026, que modificó el esquema vigente desde 2003 y eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de su envío al Senado. También suprimió los criterios de igualdad de género, especialidad y representación geográfica en las postulaciones.
En un documento conjunto, organizaciones como ACIJ, Poder Ciudadano, ELA, Amnistía Internacional, CELS, INECIP, CEJIL y la campaña GQUAL sostuvieron que la medida implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género”, y que además “debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales”.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la reforma busca agilizar los procesos de designación y reducir etapas administrativas. Sin embargo, las entidades respondieron que la instancia eliminada no implicaba demoras significativas y que cumplía un rol clave en el control público de las candidaturas.
También cuestionaron la eliminación de los criterios de diversidad, al considerar que “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos” y afecta el deber estatal de garantizar igualdad en el acceso a cargos públicos.
Para las organizaciones, reducir los espacios de participación ciudadana en la selección de jueces “debilita la calidad democrática” y limita el escrutinio sobre decisiones consideradas centrales dentro del sistema institucional.
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