La jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 porteño, extendió por diez años una prohibición de contacto y acercamiento al considerar que el riesgo para la víctima persistía. La resolución tomó como referencia el plazo de caducidad de los efectos de una condena penal.