El plazo razonable es una exigencia central del Sistema Interamericano, pero los propios tiempos de la Comisión y la Corte abren una pregunta incómoda. A partir de casos que demoraron décadas, este análisis pone en tensión quién controla los tiempos de la justicia internacional y con qué estándares. Por Sofía Andrea Curatolo.
La debida diligencia reforzada exige al Estado actuar de manera inmediata frente a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando la búsqueda tiene éxito, surgen cuestionamientos que pierden de vista el propósito central de estos procedimientos.
La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia impulsa un debate legislativo centrado en autonomía, dignidad y libertad individual.
El fallo vuelve a poner el foco en la responsabilidad del personal penitenciario y mantiene abierta la investigación sobre uno de los episodios más graves ocurridos en cárceles durante la dictadura.
La decisión llegó después de que el organismo advirtiera que no podía seguir realizando análisis por falta de recursos. La Justicia había intimado al Ejecutivo a garantizar su funcionamiento.
Aunque el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, el Senado avanza con un proyecto que endurece las penas específicamente para denuncias vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los propios datos oficiales muestran que esos casos representan una porción mínima del total.
Expertos internacionales piden preservar la memoria y reparación de las víctimas de la dictadura. El informe señala que las acciones oficiales no son ajustes administrativos, sino ataques directos a la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
El juez federal Sebastián Ramos libró el exhorto internacional para el líder bolivariano que se encuentra detenido en los Estados Unidos. El caso inició con una denuncia de ciudadanos venezolanos refugiados en Buenos Aires.
En su informe anual sobre derechos humanos la organización alertó sobre la “estigmatización” a la prensa aplicada como política de Estado y como eso interfiere en la libertad de expresión.
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