Eutanasia: el debate pendiente para completar el derecho a decidir en el final de la vida
La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia impulsa un debate legislativo centrado en autonomía, dignidad y libertad individual.
La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia impulsa un debate legislativo centrado en autonomía, dignidad y libertad individual.
El fallo vuelve a poner el foco en la responsabilidad del personal penitenciario y mantiene abierta la investigación sobre uno de los episodios más graves ocurridos en cárceles durante la dictadura.
La decisión llegó después de que el organismo advirtiera que no podía seguir realizando análisis por falta de recursos. La Justicia había intimado al Ejecutivo a garantizar su funcionamiento.
Aunque el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, el Senado avanza con un proyecto que endurece las penas específicamente para denuncias vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los propios datos oficiales muestran que esos casos representan una porción mínima del total.
Expertos internacionales piden preservar la memoria y reparación de las víctimas de la dictadura. El informe señala que las acciones oficiales no son ajustes administrativos, sino ataques directos a la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
El juez federal Sebastián Ramos libró el exhorto internacional para el líder bolivariano que se encuentra detenido en los Estados Unidos. El caso inició con una denuncia de ciudadanos venezolanos refugiados en Buenos Aires.
En su informe anual sobre derechos humanos la organización alertó sobre la “estigmatización” a la prensa aplicada como política de Estado y como eso interfiere en la libertad de expresión.
María tiene 63 años, una enfermedad terminal desde hace casi tres décadas y vive en una cama desde hace siete. En una entrevista televisiva reclamó a la Justicia que la escuche y autorice su decisión.
Desde la organización señalaron que el avance de la vigilancia estatal, la criminalización de la protesta y el hostigamiento a voces críticas profundizan la desigualdad y afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
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