Se trata de exmilitares que estaban alojados en el penal federal de Ezeiza y fueron enviados a una prisión en Campo de Mayo, en donde gozarán de mejores condiciones de detención.
El máximo tribunal penal del país confirmó la vigencia de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, que impone severas restricciones a detenidos de alta peligrosidad.
El magistrado había ordenado ayer al Gobierno porteño hacerse cargo del operativo y limitó a las fuerzas federales de Bullrich. Tras la decisión, el Gobierno nacional hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura y la Ciudad lo denunció.
Lo dispuso el juez Roberto Andrés Gallardo tras un pedido de la CGT, UTEP y UEJN. Indicó que existe un "riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública".
Internos volvieron a manifestarse con quema de sábanas y basura durante la noche de este miércoles contra la medida dispuesta por el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich.
El fotoperiodista se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante la marcha de jubilados frente al Congreso. La causa fue rechazada por el juez Ariel Lijo y la jueza María Servini; irá a sorteo para definir quién intervendrá.
El exembajador en Madrid, además, cruzó duro al presidente Javier Milei y aseguró que "es un autoritario, es un hombre que tiene muy escasos o nulos compromisos con la democracia".
El Centro de Estudios Legales y Sociales explicó que el arma que se utilizó y con la que se hirió a Pablo Grillo está prohibida en gran parte del mundo. "Es consecuencia directa del Protocolo Antipiquetes 943, que reintrodujo el uso de armas peligrosas en operativos en manifestaciones públicas", indicaron.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad y acusó a la jueza Karina Andrade de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
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