La desfederalización de los llamados “delitos menores” de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva poco más de un año haciendo más miserable la vida en los barrios porteños, especialmente los del Sur.
Esta medida permite a la policía local asumir la persecución de quienes tienen o consumen alguna sustancia ilegal en la vía pública y de los eslabones más débiles de la cadena de distribución: la venta al menudeo. El sistema de administración de Justicia de la Ciudad viene afrontando la saturación mediante el archivo de la mayoría de las causas cuando son de tenencia para consumo personal, figura declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009; sin embargo, el hostigamiento policial y la criminalización son inevitables.
“Del mes de enero de 2019 no tenemos estadísticas porque ese primer mes, cuando se puso en marcha este traspaso, hubo un colapso. Las fiscalías permitieron todas las detenciones por infracción a la ley de drogas, incluyendo la tenencia para consumo personal. Hubo más de mil detenciones ese mes. Ni siquiera las fuerzas de seguridad lograban procesar los estudios de antecedentes penales de las personas que demoraban”, dice Marcela Millán, a cargo de la Defensoría Adjunta Penal Contravencional y de Faltas porteña.
La Dirección de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad del Ministerio Público de la Defensa registró, entre febrero y diciembre de 2019, alrededor de 2400 detenciones en flagrancia (no se incluyen allanamientos ni arrestos ordenados por la fiscalía). El 42% fue calificado como “tenencia simple”, una figura que involucra penas de uno a seis años, cuando no puede determinarse uso personal o comercialización.
La inversión de la carga de la prueba es evidente: ante la duda debería beneficiarse al acusado o acusada, pero aquí la duda deriva en castigo. Generalmente, esta figura se aplica cuando la policía cree que es “mucha” la cantidad secuestrada y la fiscalía convalida esta presunción. Estas causas no suelen archivarse, por lo que a veces derivan en una suspensión de juicio a prueba.
En el 31% de las causas ingresó como tenencia con fines de comercialización, con penas que van de 4 a 15 años. Millán advierte que en esta categoría caen, en muchos casos, “los eslabones débiles del negocio en un contexto social complicado”. La posesión de drogas para uso personal ocupa el tercer puesto, con el 26%. Como se verá, hay muchas más detenciones por esta figura, aquí se consignan las que involucraron el traslado a comisaría y comparecencia ante la fiscalía. Estas causas suelen archivarse. El 1% fueron por entrega y suministro y solo hubo dos casos que involucraron cultivo de cannabis.
“La desfederalización es un fenómeno reciente en la Ciudad y ahora estamos viendo donde apuntar los cañones. Vemos una desproporción de las penas, especialmente en la comercialización por lo que se podría intentar, como estrategia de defensa, perforar el piso de la pena de cuatro años o pedir la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la pena de multas en estos delitos, que es grandísima. Claro que nada esto sirve si los jueces no acompañan…”, comenta la defensora adjunta.
La Ciudad no es de todes
El traspaso disparó el hostigamiento policial en las calles porteñas. Si se toman en cuenta todas las detenciones de 2018 en el fuero federal y las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño –que van de enero a septiembre de 2019-, la persecución contra las personas que consumen drogas aumentó un 278%. Casi se triplicó.
Los barrios del sur (Constitución, Villa Soldati, Barracas, Nueva Pompeya y Villa Lugano) concentraron más de la mitad de los “operativos” policiales. Si se suman los arrestos en Retiro, se obtiene el 70%.. Esto no es casual. Las zonas aledañas a las terminales ferroviarias siguen siendo el lugar predilecto de cacería, como lo estableció el ex fiscal federal Federico Delgado en sus informes cada vez que estaba de turno.
Como ocurre en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, las leyes de “narcomenudeo” no impactan en la buena salud del negocio, solo aumentan la tasa de detenciones policiales, el encarcelamiento y el trabajo en los juzgados locales. Es un fracaso doblemente costoso: desde lo humano y lo económico. Las cifras del MPF porteño surgieron tras un pedido de informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y demuestran la total ineficacia de la criminalización: solo el 1% de las causas iniciadas tuvo elevación a juicio oral.
“No hay nada de cifras oficiales”, sostiene Victoria Darraidou, coordinadora del Equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Cels. “Además del cúmulo de causas que se concentran en el Sur, también aparecen casos en Palermo y Flores más que en otros barrios residenciales. Son en su mayoría mujeres y trans que ejercen la prostitución. También detienen a personas en situación de calle”. Entre las fuentes de la justicia local que consultaron, agrega la investigadora, hubo coincidencias respecto a la “clientela” de la policía: “Hay un control poblacional sobre personas jóvenes y pobres cuando están en barrios en los que no viven, como Palermo y Caballito”.
Según los datos que publicó el CELS, en 2018, el 40% de las causas ingresadas a la justicia federal porteña fueron por consumo personal. En 2019, con la desfederalización en marcha, en el fuero ordinario la cifra se elevó hasta el 70% (sin contar los tres meses no informados por el MPF de la Ciudad). La sustancia más decomisada fue el cannabis, presente en 8 de cada 10 procedimientos y en cantidades mínimas: menos de 5 gramos en la mayoría de los casos. Le sigue la cocaína fumable o paco, en menor medida.
El 78% de las causas ingresó por actividad policial. No siempre son agentes de la Ciudad, ya que la federal tiene jurisdicción en el ámbito ferroviario, pero todas las causas van al fuero porteño. “Se reforzó la política criminal de persecución a usuarios y usuarias o situaciones compra y venta en la calle”, afirma Darraidou. Una de las cuestiones más graves, continúa, es que antes la Justicia Federal porteña era más leve, muchas causas que se archivaban como tenencia para consumo personal ahora se califican como tenencia simple o comercialización. “Estas calificaciones las administra la propia policía y la justicia porteña las convalida. O sea, hay discreción policial y también judicial”.
Paco(tilla)
A fines de junio del año pasado, el entonces procurador porteño, Luis Cevasco, fijó en tres dosis de cualquier sustancia la aplicación automática de la figura de tenencia para consumo personal e instruyó a las fiscalías descartar estas causas. Varias fuentes consultadas advirtieron que se trató de una declaración política porque nunca vieron un papel firmado. Sin embargo, no solo no se cumple esta advertencia verbal sino que en sí misma desconoce las modalidades de consumo, por ejemplo, de la cocaína fumable. Una persona que utiliza paco puede tener 20 dosis o más para el uso diario. Este desconocimiento lleva a que se tipifiquen como comercialización casos evidentes de consumo.
Emiliano Montini es abogado penalista y litigó en algunas causas de drogas desde abril de año pasado, a pocos meses del arranque de la desfederalización porteña. Con otros colegas notó una dinámica similar, una vez que desde las fiscalías indagan a un detenido con una cantidad que les resulta “sospechosa” lo acusan de comercializar: “Lo hacen sin pruebas pero con miras a bajar la calificación a tenencia simple y negociar una pena en suspenso con un juicio abreviado. Por eso no hay casi juicios orales. Nadie llega”, comenta el letrado. Esta lógica no solo se aplica a la cocaína fumable, también al cannabis.
Según Montini, cuando detienen a alguien con más de 20 gramos de porro automáticamente le achacan comercialización si el contexto ayuda (es decir, dependiendo del barrio). Si se tiene en cuenta que el peso estándar para comprar marihuana prensada en el mercado clandestino es 25 gramos (“el 25”, como se lo conoce popularmente), esta fórmula no escrita resulta claramente criminalizante.
“Con las pastillas si tenés más de 5 lo toman como venta al menudeo. De hecho, tuve una causa con alguien detenido yendo a una fiesta con 25 pastillas de éxtasis. Le aplicaron comercialización solo por la cantidad. Me llamaron para ir a un (juicio) abreviado. Me decían: ‘Mirá que tengo el celular de pibe y todavía no lo revisaron. De esta forma queda un montón de gente con penas en suspenso, aunque no haya pruebas en su contra”, dice Montini. El tema de los celulares es complejo, agrega el abogado penalista, porque alguien que consume puede tener agendado a su dealer o algún amigo o amiga con quien comparte la compra o por el que consigue habitualmente drogas ilegales.
Desde la defensa pública advierten que la negociación con las fiscalías se hacen “caso por caso”. Primero se plantean las nulidades habituales en los procedimientos policiales (requisas ilegales y falta de testigos) y después aparecen otras herramientas como pedir la baja de la calificación (de comercialización a tenencia simple, por ejemplo), la suspensión del juicio a prueba y los juicios abreviados.
“La posibilidad de apertura de celulares está validada por algunos jueces y camaristas. A veces la persona que defendés te dice que tiene información sensible ahí. Además, la ley de ejecución penal no permite la libertad condicional en casos de comercialización. Como defensa mirás toda la situación si decidir iniciar una negociación o una condena”, aclara Marcela Millán. Según ella, la desfederalización termina, en muchos casos, por acotar la persecución a los niveles más débiles y solo sirve para favorecer la confección de estadísticas y comunicados de prensa, no daña al negocio: “Nos encontramos con detenciones de personas vulnerables, muy pobres, siempre son los mismos”.
Comentarios recientes