El plenario del Consejo de la Magistratura postergó el tratamiento de las denuncias contra el juez Rodolfo Canicoba Corral debido a que en las últimas horas hubo una nueva presentación ante el organismo, en la que se señala que el magistrado alquila una casa por US$ 3.200. En consecuencia, por pedido del consejero Ricardo Recondo, los consejeros resolvieron tratar la cuestión en la Comisión de Labor.
Cabe tener presente que mediante el Dictamen 51/2020 del orden del día se proponía desestimar cuatro de las acusaciones que pesan sobre el magistrado de Comodoro Py.
Asimismo, el plenario desestimó otras denuncias que tuvieron gran impacto mediático. Una de ellas formulada por los diputados Héctor Recalde, María García, Di Tullio Juliana y Tailhade Rodolfo contra los jueces Irurzun y Farah en el marco de la causa de dólar futuro. La Comisión de Acusación elevó al plenario el archivo por caducidad de la misma, ya que habían transcurrido tres años, lo que fue aprobado.
También, se desestimó una denuncia promovida contra jueces laborales acusándolos de ser parte de una “mafia de juicios laborales”. Sobre este punto, durante la reunión en la Comisión de Acusación, la diputada Vanesa Siley remarcó: “Es una denuncia política por este latiguillo de la mafia de los laboralistas que lo inventó Mauricio Macri, que sirvió para atacar por igual a sindicalistas, a abogados laboralistas y a jueces de la Justicia Nacional del Trabajo.Esos actores justamente encargados por velar por las normas laborales de nuestra país”.
Otro de las presentaciones que tuvo el mismo curso fue la realizada contra la jueza Martina Forns titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a raíz del dictado de una medida cautelar que suspendía los vuelos nocturnos en el aeropuerto de El Palomar. La denuncia se presentó por diversas organizaciones, que según manifestó la consejera María Inés Pilatti Vergara, en principio no tendrían un interés legítimo. Cabe recordar que se trata de la misma jueza que había dictado medidas contra los aumentos tarifarios dispuestos por el ex presidente Mauricio Macri.
Además, el plenario desestimó una denuncia contra jueces de la Cámara Civil impulsada por las autoridades de IGJ durante la gestión anterior. La presentación se realizó debido a que desde ese organismo se quiso obtener el registro de aportantes del Instituto Patria. Desde dicha entidad interpusieron un recurso cuestionando la resolución que así lo ordenaba. La Justicia protegió la identidad de esos aportantes basándose en la garantía constitucional de la protección de datos personales.
“Se quería conocer quienes eran por persecución política, judicial y mediática que se hizo en la Argentina", apuntó Siley. Sobre este punto, el presidente del Consejo, Alberto Lugones, subrayó: “Voy a ser inclaudicable de que los jueces no pueden ser perseguidos por el contenido de sus sentencias”.
Por otra parte, el plenario desestimó la denuncia contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, iniciada por Juan Bautista Mahíques. La presentación se realizó luego de que el magistrado acudiera a una sesión pública en el Congreso en el marco de la causa que tiene a su cargo en la que investiga una presunta organización de espionaje ilegal.
"Este juez fue denunciado, por orden del ministro de Justicia, por haber acudido a Diputados a dar informe de aspectos graves que surgen de luna denuncia que estaba investigando. Jamás voy a votar para que nadie deje de dar informes el pueblo", enfatizó la consejera Graciela Camaño.
Cabe destacar que el debate de la Comisión de Acusación estuvo atravesado por las manifestaciones de varios consejeros que apuntaron contra el Gobierno anterior por las presiones a las jueces, el uso de los tribunales como herramienta de presión política y la persecución. En las intervenciones se citó el informe del relator de la ONU que advirtió por las presiones a los jueces durante la gestión anterior.
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