El Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de Mendoza inició el juicio a nueve integrantes de una organización encargada de la realización de facturas apócrifas causando un perjuicio tributario de más de 126 millones de pesos cuando se comprobó que facturaron un total de 276 millones de pesos, evadiendo impuestos por casi la mitad de lo facturado.
La causa se originó luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notara que un contribuyente bajo el nombre de Richardo Ceschín figuraba como proveedor de la firma Marea SRL, que contaba con varias irregularidades en su facturación, según informó a este medio la procuración general de la Nación a través de la fiscalía de Criminalidad Económica a cargo de María Gloria André.
El propio Ceschín relató haber acudido al estudio de su contadora, Silvia Gulino Ríos, quien le indicó que explicara a la AFIP que no la conocía y, en caso de que le preguntasen al respecto, dijera que había realizado algunos trabajos para Marea, una firma cuya existencia Richardo desconocía.
Luego de que Ceschín tomara conocimiento de que en las bases de la AFIP figuraba que había facturado electrónicamente a terceros un monto aproximado a los 35 millones de pesos, realizó una denuncia penal. En su denuncia, Ceschín explicó que, hasta 2017, su contador había sido otro hasta que un amigo suyo -Daniel Cacciavillani- le solicitó sus papeles contables para otorgárselos a Gulino, a quien visitó en su estudio “no más de tres veces”, y sobre quién señaló desconocer las operaciones facturadas electrónicamente con la salvedad de una.
“La organización facturó 276 millones de pesos a través de este sistema, causando un perjuicio tributario de 126.834.028 pesos”.
En febrero de 2018, la División Investigación de la AFIP Mendoza recibió una nota relacionada con un procedimiento de auditoría llevado a cabo a la contribuyente Marea SRL por varias inconsistencias de sus proveedores en una lista en la que Ceschín figuraba con otros hombres como Ricardo Ríos, Walter Lobos y Carla Saavedra, entre otros. Así, la administradora fiscal pudo comprobar que tanto los recibos electrónicos de Ceschín como del resto de los contribuyentes fueron realizados desde una misma dirección IP, perteneciente al estudio contable de Gulino.
Por su parte, la AFIP-DGI presentó una denuncia ante un juzgado federal e identificó a Gulino, Caciavillani, Saavedra y Lobos. Además, solicitó una serie de allanamientos con el objetivo de desbaratar la presunta organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas para generar créditos fiscales y gastos ficticios. A cambio, los acusados recibían una comisión del 35 por ciento de la facturación “vendida”, permitiendo a sus clientes disminuir sus saldos a pagar en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias.
Durante los allanamientos realizados en los domicilios personales y laborales de los principales acusados se consiguió una cantidad de documentación que confirmó que la organización había facturado 276 millones de pesos a través de este sistema, causando un perjuicio tributario de 126.834.028 pesos.
La investigación concluyó además que Gulino y Caciavillani eran los jefes de la organización investigada, siendo la primera quien se habría encargado de lo relativo a la forma y el modo de confeccionar las facturas apócrifas, mientras que el segundo era quien ofertaba el servicio, conseguía los contribuyentes “clientes” y administraba las entregas y cobros por sus prestaciones.
Según la acusación de la fiscala mendocina, en el grupo también estaban implicadas Carla Saavedra, Florencia Morichetti y Romina Molina Gulino, quienes tenían un rol activo en su carácter de empleadas del estudio, estando a cargo de tareas relativas a la confección y comercialización de dicho crédito fiscal mediante la impresión de talonarios, misión de facturas de modo manual o electrónico a través de su CUIT o de un tercero, enviar la facturación solicitada y recibir y cobrar cheques por estas tareas. Mientras que Walter Lobos habría aportado su perfil fiscal y/o el de sociedades de las que formaba parte y Armando Morón, Carlos Aguirre y Sandra Maldonado oficiaban de distribuidores intermediarios.
Con la documentación encontrada, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de los acusados por el delito de “asociación ilícita fiscal”, con un perjuicio y afectación al erario público que “no puede discutirse ya que el aporte al abultamiento del crédito fiscal de los contribuyentes resulta claro”.
“Las conductas de cada uno de los miembros de la organización investigada señala la posición que cumplían en la estructura organizada que los unía en el actuar delictivo, cumpliendo cada uno una tarea específica y que les permitía reconocerse entre sí como pertenecientes al grupo”, argumentó la fiscala mendocina André.
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