La pandemia reacomodó el calendario de los juicios de lesa humanidad, que ya venía moviendo sus hojas a ritmo cansino. Cuatro juicios tuvieron sentencia, otros se reanudaron y otros emblemáticos como el cuarto proceso por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) siguen sin hacerlo.
Las demoras en ESMA
La última audiencia del juicio conocido como ESMA IV fue el 16 de marzo, cuatro días antes de que se declarara el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASPO). Desde entonces quedó suspendido el proceso en el que se juzga a diez represores que actuaron en el centro clandestino de Avenida del Libertador por 805 víctimas. El juicio ya había sufrido una inusual demora cuando cuatro de los diez acusados se negaron a designar un nuevo defensor cuando el suyo, Guillermo Fanego, debió someterse a una intervención médica.
El miércoles 19 pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Daniel Obligado, realizó una audiencia de prueba con miras a reanudar el debate. La prueba salió tal lo esperado – incluso con las dificultades que la virtualidad acarrea pero el problema se suscitó a la hora de poner una fecha para la reanudación de las audiencias. Las posibilidades del Tribunal no coincidían con las posibilidades de los técnicos del Consejo de la Magistratura, encargados de brindar soporte a jueces, fiscales, querellantes y defensores.
Desde el Tribunal informaron a Tiempo Judicial que hay altas probabilidades de que el juicio finalmente se reanude el 31 de agosto. Serán dos audiencias para que Fanego haga su alegato, para réplicas y dúplicas. Una tercera se destinaría a las palabras finales de los imputados y para la lectura del veredicto. Los jueces estimaban que para diciembre estaría concluido el proceso, con la presentación de los fundamentos de la sentencia.
Fiscales y querellantes vienen reclamando desde abril que se reanuden las audiencias. El 28 de abril, la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, le pidió al Tribunal que retomara las audiencias como sugería la acordada 10 de la Cámara Federal de Casación, que acababa de darse a conocer. En mayo, la fiscal le informó al TOF 5 de una presentación que había hecho ante el máximo tribunal penal del país.
En junio, el fiscal federal Leonardo Filippini, a cargo del proceso, volvió a presentarse y a pedirle al tribunal que considerara la publicidad para las audiencias que restaban tal como se había hecho en otros juicios de lesa que se reanudaron en San Martín, Tucumán o Bahía Blanca.
“Nuestra vocación fue siempre retomarlo. Hay que hacerlo ya sea en formato presencial o virtual”, dijo Filippini ante una consulta de este medio.
“En la audiencia de prueba pedimos a Obligado, quien preside el tribunal, que le haga llegar al Consejo de la Magistratura la necesidad de que le dé prioridad a la realización de esta audiencia y remarcamos nuevamente la necesidad de publicidad del debate para que querellantes y víctimas puedan seguir el debate”, explicó Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde el Tribunal Oral Federal 5 informaron que hay altas probabilidades de que el juicio finalmente se reanude el 31 de agosto.
La celeridad de los juicios
A mediados de agosto, la mesa de organismos de derechos humanos envió cartas a distintos actores claves para reclamar por la convocatoria de la Comisión Interpoderes, que funciona en el seno de la Corte Suprema desde 2008 pero que no se reúne desde 2016.
Entre otros, recibieron los pedidos la ministra de Justicia Marcela Losardo, el senador Oscar Parrilli (Comisión de Justicia y Asuntos Penales), el diputado Hugo Yasky (Comisión de Derechos Humanos), el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y la fiscal Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El juez Lugones confirmó la recepción de la nota y adelantó que se trataría en el Consejo. Ramos, que ya reclamó ante la Casación Federal la convocatoria a la Interpoderes, prepara un pedido para ser presentado ante la propia Corte. Organismos y fiscales quieren discutir con la Corte cómo seguirán los juicios mientras dure la pandemia.
Según estadísticas de la oficina que maneja la fiscal Ramos, más del 45 por ciento de las causas por delitos de lesa humanidad siguen en instrucción y las que llegaron a juicio tienen una demora importante a la hora de que los tribunales superiores confirmen la sentencia. En promedio, la Procuraduría estimó que una revisión de sentencia se demora cinco años y tres meses.
El martes 18, el abogado Pablo Llonto, en representación del colectivo Mario Bosch – que reúne a querellantes y fiscales en casos de lesa - describió la situación de los juicios como dramática y reclamó cambios al proyecto de reforma que había remitido el presidente Alberto Fernández. Las modificaciones fueron realizadas en el dictamen que firmó la mayoría del Frente de Todos el miércoles 19.
El proyecto contempla darle prioridad a las causas de lesa cuando llegan a los tribunales por tratarse de casos en los que las víctimas esperan hace más de 40 años justicia. Además, mantiene las secretarías de derechos humanos en los juzgados que investigan crímenes de lesa humanidad.
Una demora histórica
Una de las causas que acarrea mayor demora es la de los crímenes en el Pozo de Banfield, uno de los principales centros clandestinos de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. El Pozo de Banfield funcionó como una sede del Plan Cóndor y operó como una maternidad clandestina. Por allí pasaron también los chicos y las chicas de la Noche de los Lápices antes de ser desaparecidos y también estuvo cautiva Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la primera sobreviviente en testimoniar en el Juicio a las Juntas.
Elevada a juicio desde 2012, la causa del Pozo de Banfield espera desde hace más de ocho años que se inicie el debate. Por decisión de la instrucción, se acumuló con la investigación de la Brigada de Quilmes o Pozo de Quilmes. En el tramo de Banfield, se deben tratar los casos de 247 víctimas. Por Quilmes, hay 175 casos. Entre ellos están Miguel Osvaldo Etchecolatz, ya multicondenado, y Juan Miguel Wolk, conocido también como el Nazi o el Patón. Wolk, en domiciliaria en Mar del Plata, jamás se sentó en el banquillo.
Una de las causas fundamentales de la dilación es la conformación del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que no tiene jueces titulares. El juicio por los Pozos de Banfield y Quilmes debió comenzar el 5 de mayo, pero se suspendió por la pandemia. En el ínterin se excusaron de intervenir dos jueces: Eduardo Farah y Andrés Basso. Finalmente fue designado Ricardo Basílico para intervenir en el proceso junto con Carlos Rodríguez Eggers y Walter Venditti.
El miércoles 19, se realizó una audiencia preliminar y se fijó fecha para el 27 de octubre. El tribunal informó que se realizará una audiencia por semana y se estima que deberá escuchar alrededor de 390 testigos. Según los cálculos de las partes, el proceso podría llegar a estirarse más de tres años a ese ritmo.
Las querellas y la fiscalía accedieron a que se realizara la primera etapa en forma virtual mientras dure la pandemia, que incluye la lectura de la acusación y las indagatorias de los acusados. Después pidieron que se vaya avanzando en etapas contemplando la política sanitaria del gobierno nacional.
“La fiscalía lo que ha hecho es buscar alternativas en la pandemia, teniendo presente que en los juicios hay que asegurar el testimonio en las mejores condiciones. En algunos casos hay que asegurar la presencia en la medida que se pueda”, dijo Juan Martín Nogueira a Tiempo Judicial.
“Lo reparatorio no es el testimonio en sí – apunta la abogada querellante Guadalupe Godoy --, sino todo lo que implica la escena de justicia. La escena de justicia no la componen sólo las partes del proceso, sino también el abrazo con los compañeros después de testimoniar. Acá estamos ante un genocidio: no es sólo a la víctima individual sino también a toda la sociedad hay que contemplar”.
Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, sostiene que la realización del juicio es casi una victoria pírrica. “Es frustrante que una causa que lleva más de ocho años elevada a juicio empiece así, de una manera tan dilatada, con una audiencia por semana y con testigos que ni siquiera saben si van a poder ir al tribunal. Esto no satisface a nadie: ni a las víctimas, ni a los familiares, ni siquiera a nosotros que los acompañamos en nuestra condición de abogados”, relató el letrado.
Para la fiscal Ramos, la justicia está claramente en deuda por la mora en llevar adelante este proceso. “Es inaceptable que el Poder Judicial haya postergado tantos años este juicio como muchos otros, lo cual contribuye a la impunidad. Ojalá no vuelva a suspenderse a último momento porque ya ha pasado y las victimas ya han esperado más de la cuenta”, dijo la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
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