En el mes de julio la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la legalización del autocultivo de marihuana con fines medicinales y terapéuticos. Desde distintos sectores que impulsan la iniciativa le piden al Senado que le dé tratamiento, ya que si no llega antes de diciembre perderá estado parlamentario.
El proyecto fue ingresado por los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburguer, de Igualdad y Participación. La principal discusión que existe es la injerencia o no del Estado provincial con respecto a la habilitación de la práctica. Aunque no se pudo avanzar en el 2019, a partir de diciembre se impulsó nuevamente desde la Comisión de Salud con una buena recepción y con la adhesión de varios bloques políticos.
La iniciativa derivó en un proyecto más grande que dispondría la autorización no solo a las personas físicas, sino también al Estado provincial y organizaciones sin fines de lucro que estén vinculadas a la temática.
Además, crearía la producción de cannabis santafesino, ya que se contempla la producción estatal y en el ámbito privado con el objetivo de dar respuesta a las familias que dependen del consumo para mejorar la calidad de vida de personas con determinadas complejidades médicas. En este caso, el Estado garantizaría la producción del aceite y sus derivados.
Si bien Santa Fe ya tiene una ley de cannabis medicinal, el Estado santafesino nunca fue autorizado para la producción por parte del LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico), que es público y garantizaría la calidad del producto además de su control. A pesar de que la iniciativa cuenta con media sanción, el freno que encuentra es por el autocultivo.
Agustina Donnet, diputada por Igualdad y Participación, afirmó en diálogo con Tiempo Judicial que los estudios sobre los beneficios “ya fueron evaluados en el marco de la comisión, ya que se convocó a especialistas y a representantes de las organizaciones que hace años trabajan en la temática en el territorio provincial”.
Según Donnet, si bien todos los bloques admiten los beneficios, la negativa a acompañar el proyecto tiene que ver principalmente con “la falta de control que podría llegar a haber en el auto cultivo, y hay que aceptar que existe una ley nacional que se encuentra completamente caduca, se debe avanzar en una nueva legislación”.
“Lo que la ley dice es que se pena al uso ilegítimo y sin autorización estatal. Entonces nos preguntamos; cuál es el uso legítimo y quién mejor para dar autorización”, cuestionó con respecto a la actual legislación y consideró que además “es un derecho y una responsabilidad que el Estado tiene que contemplar”.
El proyecto contempla la creación de un registro, de una consultoría cannabica, deberá haber un seguimiento, una historia clínica y el consumidor tiene que estar dentro de las patologías incorporadas en la ley provincial.
“El consumo de alcohol y tabaco jamás fue cuestionado, y el consumo problemático de cannabis es muy inferior. Entonces hay drogas legales por un lado que hacen un gran daño y tenemos ilegales como la marihuana que tiene otros efectos”, concluyó la diputada.
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