La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido de jury ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios contra tres fiscales a los que acusó de persecución a funcionarios judiciales. La denuncia realizada se suma a otros dos pedidos de jury efectuados por la Comisión Provincial de la Memoria y  la ONG de La Plata Abogados por la Justicia Social (AJUS) que en marzo también apuntó contra los mismos fiscales distritales.

El pedido de jury es contra Sebastián Scalera, Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado; Pablo Rossi, titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional y Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1. Todos ellos fueron acusados por mal desempeño de sus funciones.

Para la AJB los fiscales realizaron diversas persecuciones a funcionarios judiciales entre las que se destaca las presiones que realizaron al juez de Garantías Gabriel Vitale.  La denuncia sostiene que se realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora.

“Vitale, en salvaguarda de las garantías procesales no cedió a las presiones políticas, y eso desató una feroz persecución ilegal en su contra, como ocurrió con el juez Luis Carzoglio”, manifestaron.

Estas maniobras se realizaron con el objetivo de presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, esgrimen desde el gremio bonaerense conducido por Pablo Abramovich. Y no sólo eso, detallaron que Scalera valiéndose de su posición dirección causas de relevancia política para su fiscalía o hacia las unidades fiscales de los otros dos denunciados.

Los fiscales de Lomas de Zamora junto al procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, designado por Vidal.

En un comunicado difundido en las últimas horas la AJB detalló que Scalera " instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava en el Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”.

Esta maniobra es un ejemplo de cómo para la AJB el fiscal se excedió en sus funciones “sin la existencia previa de una investigación penal en trámite" y luego con esa prueba "obtenida de forma ilegal" se realizó una denuncia por  falsedad ideológica contra Vitale que "fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.

Precisamente Bisquert fue, explica el comunicado, “quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías”.