El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut rechazó el planteo realizado por comunidades mapuches que solicitaban la consulta previa, libre e informada por los proyectos de “zonificación minera” que pretende llevar adelante la provincia y que permitiría desarrollar emprendimientos que preocupan por su contaminación. Las comunidades llevarán el caso a la Corte Suprema.
Las comunidades Mapuche-Tehuelche Mallin de los Cual, Lefimi, Los Pino y Chacay Oeste y Laguna Fría presentaron un recurso de inconstitucionalidad por la falta de consulta previa en el proyecto denominado “zonificación minera”. La presentación llegó al máximo tribunal provincial después de que la Cámara de Puerto Madryn habilitara el tratamiento del proyecto.
El STJ, con las firmas de los jueces Aldo Luis De Cunto y Mario Vivas, declaró “mal concedido” el recurso que presentaron las comunidades en el que solicitan obligar a la Legislatura provincial a que “incorpore los mecanismos de participación y consulta indígenas establecidos en las constituciones y tratados internacionales en el tratamiento del Proyecto 128/2020”.
Los jueces sostuvieron en la sentencia dictada el viernes pasado que “la decisión que en definitiva se pretende impugnar no estaría privando a las recurrentes de acudir a otros medios (administrativos o jurisdiccionales) para la tutela del derecho que dicen vulnerado”.
Así desde el tribunal se desechó la posibilidad de que por vía judicial pueda cumplirse con lo que establece en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias y que está incorporado a la Constitución Nacional.
Desde las comunidades anticiparon que irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juan Salgado, abogado de las comunidades, explicó a medios locales que “cuando son jueces son jueces del país y tienen que aplicar la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, agregando que lo que hizo el STJ es “una forma de evitar resolver sobre lo que hay que resolver”.
“Queremos que digan si la resolución de Cámara interfiere o no con los Tratados Internacionales -porque- hacen como si Chubut fuera un sistema jurídico a parte, ‘mientras no toque la Constitución Provincial está todo bien’ pero esto hace 10 años la Corte Suprema ya les dijo que no es así”, concluyó Salgado.
Un proyecto cuestionado ambientalmente
Un informe realizado a comienzos de este año por una mesa técnica del Conicet-CENPAT planteo el retiro del proyecto debido a diferentes consecuencias que traerían las actividades que serían habilitadas de sancionarse el proyecto. El informe detalla que las principales reservas comprobadas de agua subterránea de la provincia del Chubut se encuentran en los departamentos donde se quiere habilitar la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos.
“La megamineria representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos. Las reservas hídricas, como los acuíferos de las cuencas de Gastre y Sacanana, son recursos cuya calidad no se debería poner en riesgo, ya que representan alternativas de uso para las generaciones futuras”, dice el informe.
Y concluye: “La dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales genera desconfianza y preocupación”.
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