El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta inició esta semana el juicio por el asesinato de Calixto Salazar, un trabajador del matadero municipal que fue secuestrado en septiembre de 1976 y su cuerpo fue hallado unos días después. Serán juzgados por el secuestro y homicidio del hombre cuatro ex jefes de la policía salteña.  

Los imputados en el juicio son al jefe de la Policía provincial, Joaquín Guil; su segundo, Virtom Modesto Mendíaz; el ex jefe de la Dirección de Personal de esa fuerza, Roberto Arredes; y el ex comisario José Manuel Reinoso. Todos ellos serán juzgados por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio Zalazar.

Durante la primera jornada realizada el pasado 15 de octubre los imputados no realizaron declaraciones en la audiencia que presenciaron de manera virtual. El tribunal se encuentra integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz; y la jueza Marta Liliana Snopek. Gabriela Catalano se encuentra como cuarta jueza.

La acusación fue formulada por el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, quienes participaron de la audiencia por medios remotos y de forma presencial, respectivamente. Ellos sostuvieron que los acusados, quienes ocupaban cargos jerárquicos en la Policía de Salta al momento del hecho, tuvieron participación en calidad de autores mediatos del homicidio de Zalazar.

El trabajador fue secuestrado en septiembre de 1976 y su cadáver fue encontrado el 6 de ese mes en un terraplén de Villa Primavera, en la zona oeste de la ciudad. El cuerpo apareció envuelto en una bandera argentina y con una ametralladora en una de sus manos. El caso comenzó a ser investigado en agosto de 2009 cuando uno de los hijos de Zalazar realizó la denuncia.

La familia fue amenazada por la policía para que no hicieran la denuncia del caso, pues les indicaron que podrían correr la misma suerte. Según consta también en el expediente, la muerte del trabajador se produjo por un fuerte golpe propinado en la nuca, lesión sufrida durante su detención.

El Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal Amad, fue la encargada de realizar la investigación y pudo establecer que Zalazar fue detenido y alojado en dependencias de la ex Comisaría Cuarta, que funcionó como un centro clandestino de detención. Se logró establecer la responsabilidad y correspondiente procesamiento de los cuatro imputados por los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

La causa tuvo un debate sobre si era o no un delito de lesa humanidad. En primera instancia se sostuvo que la detención y posterior muerte fueron cometidos en el marco del terrorismo estatal, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dijo que era un delito común y que la causa debía ir a la Justicia provincial. Finalmente La Cámara Federal de Casación Penal dispuso, siguiendo el criterio marcado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el caso llegara al juicio oral y en esa instancia se dilucide si es un delito de lesa humanidad o un crimen común.