"Hay un golpe de Estado enmascarado en la ley", dijo el juez Sergio Delgado sobre las modificaciones de la norma 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en el marco de la segunda reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.
El camarista del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires expuso sobre el proyecto de modificación de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad en el debate legislativo en el que participaron más de 25 especialistas, entre ellos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par bonaerense, Gustavo Ferrari y el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
El magistrado dijo que al leer por primera vez la modificación de la ley tuvo “una sensación de déjà vu“. “Me di cuenta que era una ley que yo ya conocía, yo la había trabajado a esta ley. Entré a trabajar en 1993 en la Procuración Penitenciaria cuando todavía estaba vigente la legislación de la dictadura, el decreto 412/58. El reglamento de la progresividad de la ejecución penal que preveía la ley vigente en aquel momento tenía muchas características parecidas a las que se pretenden incorporar ahora en esta legislación. Era un reglamento que había pervertido el sistema penitenciario y que había impedido que funcionara el régimen de la progresividad”, dijo.
Para Delgado "hay un golpe de Estado enmascarado en la ley" porque "reproduce" un estatuto del personal penitenciario de 1944 que subvirtió el orden de la democracia dentro de las cárceles, que subordinó a los profesionales al personal penitenciario.
"Las funciones se las está transfiriendo al director del penal. No van a ser más los equipos interdisciplinarios los que avancen en la progresividad de nadie, los que opinen, si no que va a ser el director del complejo”, criticó. "El equipo interdisciplinario no va a tener ni siquiera opinión; el director le va a mandar su resolución al Tribunal", opinó Delgado.
El camarista también cuestionó que el texto aprobado en Diputados deja en cabeza del Director General del Régimen Correccional la competencia para traslado del interno a otro establecimiento. “Va a ser el director del Régimen Correccional el que hace todos los traslados y el juez de ejecución no sé qué competencia tiene“, planteó.
“Si hay corrupción en el Servicio Penitenciario, esta ley viene a incrementar la tarifa porque ahora, para obtener la libertad condicional hay que tener calificación buena, cinco, y dos tercios de la condena. El problema en las cárceles es que la mayor parte de la población está procesada, pero además son procesados durante mucho tiempo. Pero en las cárceles no hay condenados, hay procesados. Están derogando la libertad condicional en ese artículo con ese requisito”, sostuvo Delgado.
Para el camarista "están derogando la libertad condicional". Y explicó: "Lo dice la reforma del artículo 28, que es el que reglamenta la libertad condicional.[…] Si suprimimos la libertad condicional vamos a tener mayor tasa de reincidencia, no vamos a tener mayor seguridad. […] Lo que están creando no es un régimen flexible, reitero, están derogando el artículo 13 del Código Penal; están derogando el régimen de progresividad al falsamente establecer requisitos que se vuelven de cumplimiento imposible en los casos concretos”.
Finalizando su ponencia, tras mencionar que en la última década “la provincia de Buenos Aires pasó de 12.000 plazas penitenciarias a más de 23.000”, manteniendo “5.000 personas en las comisarías”, el integrante de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas postuló el diseño de una política penitenciaria que apunte a “reducir la población carcelaria y dejar sólo los casos más graves”, y se refirió a los casos de reincidencia en ofensores sexuales, discrepando con la estadística del 90% de reincidencia expuesta ante la Comisión por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
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