El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, realizado este miércoles, avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley que prevé la erradicación de la violencia doméstica a través de una serie de medidas relacionadas con el accionar judicial ante casos de esta índole. La propuesta fue presentada este año por los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Elena Corregido (FpV).

Toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”, es la definición de violencia doméstica que brindan los integrantes del bloque del Frente para la Victoria en los fundamentos de su propuesta.

En estos mismos términos, también afirmaron que “la iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral”.

Los senadores Fernández y Corregido expresaron en su iniciativa, asimismo, que “en lo atinente a los agresores, se pretende determinar su responsabilidad por el daño causado, la reparación de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a su accionar violento”.

Los fundamentos de la propuesta sostienen que “la asimetría del poder es una de las características más comunes de la violencia familiar, en la cual una persona con más poder abusa de otra con menos poder, sin que quede descartada la presencia de una patología, que en esta materia no quita responsabilidad al agresor por sus actos”.

En este sentido, el encuentro contó con la participación de varios especialistas e integrantes de organizaciones afines a la problemática. Si bien no se pudo llegar al dictamen, se avanzó en la discusión del borrador final que se espera sea consensuado en las próximas semanas para que la iniciativa sea tratada por el pleno del Senado.

Las primeras discusiones fueron llevadas a cabo en junio de este año, poco tiempo después de que Fernández y Corregido llevaran el proyecto hasta las comisiones. Entonces, los senadores recordaron algunas de las herramientas que brindará la propuesta: entre otras cosas, las normativas de mayor avanzada en estos términos serán las que tengan prioridad en el tratamiento de los casos, sean nacionales o provinciales.

En esta misma línea de ideas, los integrantes de la Cámara Alta precisaron que los expedientes iniciados en estos casos se llevarán de forma independiente de los procesos de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier juicio entablado en el marco del Derecho de Familia o causas penales iniciadas por las partes en orden a cualquier otro problema que se haya presentado en el seno familiar.

Los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales también recordaron que todos estos procesos se mantendrán en sus órbitas porque la normativa propuesta no viene a reemplazar ninguna de estas instancias.

 

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