La jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns aceptó un recurso de amparo contra el aumento en las tarifas de la luz presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la (CEPIS) y la asociación Consumidores Argentinos. Dictó una cautelar interina y dio tres días de plazo para que el Gobierno nacional presente su descargo. Mientras tanto, los aumentos quedan suspendidos para todo el país.

 

Forns, aseguró que el servicio de electricidad no puede ser cortado por falta de pago de las nuevas facturas.

 

Un corte por falta de pago de las tarifas nuevas implicaría estar en contradicción con esta medida. Mientras esté firme, nadie puede tener cortada la luz", afirmó la magistrada.

 

Forns explicó que su decisión "es de alcance nacional porque es un amparo colectivo" y que su fallo no es aislado, ya que "hubo más de 50 decisiones de primera instancia en este sentido, con dos Cámaras Federales completas -de Córdoba y La Plata- que consideraron que la falta de audiencias públicas anula el aumento".

 

"La audiencia pública no sólo resulta un requisito constitucional, haya o no norma que la establezca en materia de modificación de tarifas, sino que máxime que las aplicadas con las resoluciones atacadas por el amparista constituyen 'prima facie' ajustes exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los 'clientes cautivos'", precisó Forns en su fallo.

 

Sobre el proceso judicial, sostuvo “que toda decisión judicial puede ser apelada” y que “el propio Estado ha presentado un per saltum que está a decisión”, pero “la Corte le ha pedido explicación y no ha decidido en los tiempos que quería".

 

Sobre las críticas que recibió del oficialismo por su pertenencia a "Justicia Legítima", consideró que "es común atacar" por este tipo de decisiones, pero reconoció que "un juez que no tiene ideología no puede ser juez".

 

Ayer, Forns dispuso la suspensión de los aumentos tarifarios en la electricidad "a todas las distribuidoras del país", haciendo lugar a amparos presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y Consumidores Argentinos.

 

CEPIS, cuyo titular se define en las redes sociales como "militante del proyecto nacional y popular", es la misma organización que consiguió que la justicia de La Plata impidiera la suba en las facturas de gas.