La ANSES apeló la medida cautelar impulsada por el ex funcionario político de la ANSES Miguel Angel Fernández Pastor y solicitó la recusación del juez actuante, Dr. Juan Fantini, por considerar que el magistrado revela en forma indudable su opinión sobre el fondo de la cuestión. 
 
Mientras se lleva adelante la apelación de esta medida, la implementación del Programa de Reparación Histórica sigue en marcha en todo el país. En los primeros días de septiembre, ya se podrá consultar en la sección Mi ANSES de la web, www.anses.gob.ar, cuánto les corresponde por el reajuste del haber, así como el monto por retroactivo, en los casos en los que correspondiera.
 
La Ley N° 27.260, sancionada el 29 de junio de este año y cuya reglamentación se llevó adelante por medio del Decreto 894/2016 del 27 de julio de 2016, requirió meses de trabajo en conjunto con el Poder Judicial de la Nación para poder hacer efectiva la instrumentación, cumpliendo con todos los requerimientos expuestos por dicho poder. 
 
"Más allá de las fórmulas dogmáticas y de estilo, los términos y razonamientos empleados revelan en forma indudable que, en realidad, el magistrado ha expuesto su opinión sobre el fondo de la pretensión del actor", sostienen en la ANSES. 
 
Asimismo, creen que el magistrado adelanta una opinión desfavorable sobre la ley en general. La conclusión y juicio de valor sobre el alcance de la ley, en cuanto a la cantidad de afiliados alcanzados y sobre el  alcance de la cancelación de las deudas previsionales que serían canceladas, exceden claramente la cautelar, y exponen una visión subjetiva e ideológica del juez.
 
Además, desde ANSES plantean que la medida apelada "reviste una extrema gravedad institucional" , por cuanto pone en riesgo la aplicación de la Reparación Histórica aprobada por un "abrumador consenso", y amenaza con impedir que más de dos millones de jubilados y pensionados puedan acceder en vida, al cobro de sus derechos previsionales.
 
En su apelación y recusación, la ANSES fundamenta que sin exponer fundamento alguno el magistrado procedió a suspender el artículo 28 de la ley 27.260 en un "intento de suplir al legislador en el diseño de la política económica y previsional, eliminando una de las fuentes de financiamiento y sin efectuar ningún tipo de análisis, ni consideración sobre los derechos de los jubilados que se estarían vulnerando".