Desde 2011, Delgado analiza el perfil de los casos que ingresan durante los turnos con las fuerzas de seguridad. El último informe es el de abril pasado y corresponde al turno policial con el juez federal Sebastián Casanello como magistrado interviniente.
Del relevamiento se desprende que el 83 por ciento de las 453 causas iniciadas durante ese turno involucraron hechos de infracción a la ley de drogas 23.737.
Dentro de los delitos que establece la ley de drogas, la tenencia de estupefacientes para consumo personal constituye el 67 por ciento, un total de 250 causas, lo que implica un 55 por ciento del total del turno con las fuerzas policiales. Mientras que las causas por comercio de estupefacientes equivalen a menos de la mitad, un 31 por ciento.
Esto implica un aumento de casi un 30 por ciento con respecto a noviembre de 2015, cuando se formaron 195 expedientes por tenencia para consumo personal. La marihuana es la droga más común en las incautaciones y le sigue la cocaína; los promedios son de 10,29 y 134 gramos, respectivamente.
Si bien la lucha contra el narcotráfico fue uno de los tres pilares de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, de las 453 causas que ingresaron en el juzgado de Casanello en abril pasado 250 fueron por tenencia para consumo personal y sólo 77 para otros delitos de competencia federal.
Para Delgado “la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en que gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importantes”.
De las causas por la tenencia de estupefacientes para consumo personal, el 33 por ciento se inició a raíz de una “actitud sospechosa” de quien tenía en supoder la droga, el 30 por ciento porque las personas se encontraban consumiendo droga en la vía pública, el 26 por ciento porque la manipulaban en espacios públicos, el 10 por ciento fue el caso de personas detenidas por otro hecho y que además tenían drogas y el 1 por ciento restante se conoció a partir de la observación de las máquinas de rayos X en aeropuertos.
Delgado, sin embargo, aclara: “En general se piensa que tener drogas para consumo no es delito. Ello no es así. Tener drogas es delito. Sólo que en algunas circunstancias es inconstitucional su penalización. Nótese que el 57% del total de las causas por tenencia para consumo se inició porque las personas muestran la droga en la calle. Es evidente que Arriola se explicó mal”.
El fiscal también señala que hubo un aumento del 400 por ciento de las causas iniciadas en comisarías con respecto a noviembre de 2015. “En 250 causas se efectuaron detenciones de 385 personas. Ello implica un aumento casi el 30% de personas detenidas en relación con el turno correspondiente al mes de noviembre de 2015”, resalta el informe.
Para Delgado “persiste la confusión entre tenencia de drogas y narcotráfico. Un vector se vincula con la salud pública y el otro con la criminalidad, según el fallo “Arriola”. Pero la evidencia revela que no hay políticas públicas diseñadas e implementadas en ese sentido”.
“Se consume tiempo, dinero y energía en casos que de acuerdo a la doctrina jurídica y la jurisprudencia no pueden progresar. Sin embargo, se insiste con ello y obviamente ese tiempo, ese dinero y esa energía es la que hace falta para los casos complejos”, aclara el fiscal.
El pasado 29 de agosto se cumplieron 30 años del fallo de la Corte Suprema conocido como Bazterrica que defendió el ámbito de la libertad personal y reivindicó la inconstitucionalidad de la persecución de tenencia de droga para consumo personal a partir de la causa por la que se había allanado la casa del guitarrista de los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, quien había sido condenado a una pena de prisión y multa a raíz de la incautación de unos pocos gramos de droga.
Con motivo del aniversario y a falta de una reforma legislativa, la Asociación Pensamiento Penal lanzó una campaña para reclamar una reforma legislativa que, en lugar de poner el foco en quienes consumen drogas, se centre en políticas para asegurar el derecho a la salud y la persecución del narcotráfico. Se trata de un documento firmado por más de 200 jueces, fiscales y defensores que consideran dicha reforma "una deuda de la democracia".
"Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública", puntualiza la declaración de la APP. Y coincide con la visión de Delgado: "Los Estados dilapidan enormes cantidades de recursos técnicos y económicos en la persecución de meros consumidores, malgastando los recursos que debiera destinar a la prevención y atención de consumos problemáticos, y a perseguir delitos de efectiva entidad y daño social".
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