Esta tarde finalizó la “Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”, con la adopción de un documento final y el lanzamiento de una Red Internacional de Asistencia Jurídica (RIAJ).
 
Durante su intervención, Martínez explicó que eventos como esta Conferencia tienen dos funciones: “la de intercambio de experiencias, de conocernos; pero también de darnos ánimo. Saber que en todo el mundo hay personas que luchan por nuestros mismos ideales. Nuestro rol es ser la voz de los que no tienen voz, y hacerlos pasar de sujetos que no existen a sujetos de derecho”.
 
Durante su intervención, Martínez explicó que eventos como esta Conferencia tienen dos funciones: “la de intercambio de experiencias, de conocernos; pero también de darnos ánimo. Saber que en todo el mundo hay personas que luchan por nuestros mismos ideales. Nuestro rol es ser la voz de los que no tienen voz, y [hacerlos] pasar de sujetos que no existen a sujetos de derecho”.
 
“El acceso a la justicia es un derecho puente, porque permite llegar a otros derechos que se encuentran en estado ideal en las leyes, pero que en la práctica no se concretan”, señaló.
 
“Deseamos armar una red fuerte, mano contra mano y brazo contra brazo, abrazarnos y aportar para construir un mundo más justo, más parecido al que describen los instrumentos internacionales de derechos humanos”, concluyó.
 
Otamendi, por su parte, subrayó que, para alcanzar los objetivos, “es importante pasar al campo de la implementación, que es el más dificultoso, porque requiere articular a varias agencias del Estado. El acceso a la justicia es la base sobre la que se apoyan todos los demás derechos, y aquí hemos generado fecundos contactos para profundizarlo”.
 
En el texto del documento final, “Declaración de Buenos Aires sobre la Implementación de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”, se establece la creación de una Red Internacional de Asistencia Jurídica (RIAJ), y se exhorta a donantes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y al sector privado para que provean los recursos necesarios para su establecimiento.
 
Por otra parte, se recomienda promover y asistir a los organismos gubernamentales y ONG para que desarrollen metodología y recolección de datos, estadísticas relevantes e información relacionada con las provisiones de asistencia jurídica.
 
Asimismo, se promueve ayudar a las organizaciones para proveer acceso temprano a la asistencia jurídica, en un intento por reducir la detención preventiva excesiva, arbitraria e ilegal.
 
Por último, se recomienda revisar, desarrollar e implementar estrategias para hacer frente a las necesidades de asistencia jurídica, en particular, en cuestiones civiles y administrativas, para los grupos que sufren un impacto desigual o son discriminados (por su raza, religión, origen nacional y/o género, entre otros motivos).
 
La “Declaración de Buenos Aires…” toma como guía la experiencia regional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la cooperación que ha desarrollado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer el rol de los defensores públicos oficiales y su independencia y autonomía en las Américas. Además, se convoca a una Tercera Conferencia Internacional en 2018.