La justicia porteña ordenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OsSBA) cubrir un tratamiento de fertilidad con donación de óvulos a una afiliada con baja reserva ovárica.

 

El juez Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado N° 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires concedió la medida cautelar solicitada por una afiliada de ObSBA ante la negativa de dicha entidad a cubrir el procedimiento de ovodonación indicado por sus médicos, a fin de que se garantice su derecho a la salud y la cobertura de los métodos indicados a fin de lograr un embarazo, ante un diagnóstico de esterilidad secundaria, baja reserva ovárica, trombofilia y antecedente de aborto recurrente.

 

El magistrado ordenó a ObSBA “la cobertura integral del tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con donación de óvulos, más eventual criopreservación embrionaria”, así como de “la medicación, estudios, internación y demás gastos que ello demande, a realizarse en el centro médico Centro Especializado en Reproducción, conforme la prescripción médica indicada para el caso”.

 

La cobertura se deberá extender “hasta tanto los médicos tratantes lo consideren necesario en función de las probabilidades de éxito del tratamiento o se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero”.

 

López Alfonsín sostuvo que “existen elementos que permitan tener por configurada la patología invocada por la actora y la necesidad de un tratamiento como el que se solicita en la demanda”, y resaltó que la tutela preventiva solicitada “resulta justificada en tanto tiende a preservar el ejercicio de los derechos reproductivos de la actora cuya edad -40 años- y el diagnóstico antes apuntado se presentan como elementos relevantes conforme a los cuales la eventual falta de realización oportuna del tratamiento -atento la negativa de la demandada y la duración del trámite- podría causar consecuencias dañosas”.

 

El magistrado destacó que “el derecho a la salud y los derechos reproductivos propiamente dichos se encuentran reconocidos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.