Más de 800 agentes del Servicio Penitenciario Bonerense (SPB) fueron desplazados por cobro de sueldos de condenados e inasistencias, a partir de la investigación de la Auditoría y Control de Gestión de esa institución. Además, a otros 5 mil efectivos se les abrieron sumarios por haber protagonizado diversas irregularidades.
El director de Auditoría y Control de Gestión del SPB, Fernando Rozas, explicó que aunque no todos los sumarios terminarán en expulsiones, en los próximos meses los despedidos llegarían a 1000. De los desplazados, 64 eran jefes: cinco de la plana mayor, nueve subsecretarios generales, seis jefes de complejo, ocho secretarios y 36 directores de unidades.
Una de las primeras medidas tomadas por el área de Auditoría y Control de Gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuando la gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal ordenó intervenir la fuerza, fue pedir el registro de reincidencia y cruzarlo con la base de datos de los 23.000 agentes.
El resultado del entrecruzamiento de datos fue la identificación de 56 efectivos condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation. Un total de 400 policías condenados por delitos que seguían cobrando su sueldo. Desde el sector aseguran que en los últimos años, no se les pedían antecedentes penales a quienes ingresaban en el SPB. Otra de las fuertes irregularidades halladas por el personal de la auditoría fue el alto índice de inasistencias detectado.
El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, dijo al programa La Nación PM que la remoción de agentes no genera conflicto en las unidades penales: "No hay resentimiento en las unidades porque la principal cantidad de personas que sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes".
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