Fueron 101 los pedidos de excarcelación de los represores denegados a partir del repudio masivo de la sociedad civil que marchó a Plaza de Mayo contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que concedió el beneficio del 2×1 en la pena a Luis Muiña, un represor de la última dictadura condenado por delitos de lesa humanidad.
El pasado 3 de mayo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de aplicar la ley 24.390, que establece el 2x1 en la pena, a un caso de lesa humanidad. La ley, que habilita que se cuenten como dos cada día pasado en prisión después de los dos años sin sentencia firme, estuvo en vigencia entre 1994 y 2001.
Muiña, el represor beneficiado por el fallo de la Corte, había sido condenado en 2011 por privación ilegal de la libertad agravado por el uso de violencia o amenazas durante 1976 en el hospital Posadas, en la localidad bonaerense de Haedo, en un centro clandestino de detención y tortura conocido como El Chalet.
A pesar de que el 12 de mayo 500 mil personas salieron a la calle a repudiar este fallo de la Corte y que, ese mismo día se promulgara una ley que limita la aplicación del cómputo, cientos de abogados que representan a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad acudieron a los juzgados para pedir que se beneficie a sus defendidos a partir del precedente Muiña.
La Procuración informó que ya suman 101 las denegatorias por parte de juzgados de instrucción y de tribunales orales a los pedidos de los represores.
La periodista Luciana Bertoia, en el sitio Nuestras Voces, recopiló los principales argumentos con los que los jueces rechazaron los pedidos de 2x1 hasta ahora.
-La ley no existía en el momento en el que los crímenes fueron cometidos, es decir, durante el terrorismo de Estado.
-Los imputados no estuvieron detenidos durante la vigencia de la ley (1994-2001).
-Cuando el Congreso aprobó la ley del 2×1 en 1994 no pudo haber querido incluir los delitos de lesa humanidad porque su persecución penal se encontraba prácticamente paralizada por la vigencia de las leyes de impunidad.
-La ley 27362, aprobada por el Congreso tan solo una semana después del fallo de la Corte Suprema, disipa que ésta haya sido la intención del legislador en 1994. Hay jueces –como Germán Castelli del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata– que criticaron la sanción de la nueva ley porque intenta modificar retroactivamente una ley derogada hace ya más de quince años. “El anhelo del Congreso por encauzar el gran descontento social existente a raíz de la decisión de la Corte, se tradujo, a mi juicio y sin quererlo, en el avasallamiento de otros derechos de los imputados”, escribió en la denegatoria de la excarcelación de Hugo Guallama, el chofer de Etchecolatz.
-La ley 27156 – vigente y sancionada en julio de 2005 – prohíbe los indultos, las amnistías y la conmutación de penas para delitos de lesa humanidad.
-La obligación del Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y, por ende, su posible incumplimiento con compromisos internacionales.
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