El pasado martes en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación se discutió el proyecto de ley de “matrícula federal”, dispone la creación de una matrícula especial para los letrados que litiguen ante los Tribunales Federales y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que será entregada por los colegios profesionales respectivos, bajo la “coordinación” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que engloba a casi 100 mil matriculados.
El presidente de FACA, Eduardo Massot, defendió explícitamente el proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados, en una carta en el diario La Nación. El ex presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe dijo que la iniciativa pone punto final a una "irritante situación de desigualdad" en la que se encuentran los abogados del interior del país que litigan en el ámbito de la justicia federal con asiento en la CABA.
Eduardo Massot, presidente de FACA, de acuerdo con el proyecto "federal".
"El proyecto de ley tiene por objeto crear un registro confiable de abogados matriculados ante la justicia federal y un padrón depurado y transparente para las elecciones del representante de los abogados del interior del Consejo de la Magistratura", señaló Massot.
Desde 1985, cuando se sancionó la ley 23.187, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) otorga las matrículas de ese ámbito. Para Jorge Rizzo, presidente de esa entidad, dijo en la sesión del Senado: "Yo creo sinceramente que esto es la privatización de la matrícula federal".
Para Massot, en cambio, el proyecto apunta a evitar "el pago de costos adicionales respecto de la matrícula local" y por lo tanto "permitirá a los abogados del interior litigar con una sola inscripción en la matrícula federal". Y directamente apuntó al CPACF: "Evitando los costos de la doble matriculación en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal".
El proyecto, según Massot, "tan sólo confiere a la casi centenaria FACA, que reúne a más de 80 colegios del país, el ejercicio de ciertas limitadas funciones públicas, que se suman a otras ya delegadas por leyes nacionales, como la integración del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa".
Las críticas al proyecto
Al respecto, Rizzo, respondió en el plenario: "¿Quién es la FACA? Que alguien me explique quién es la FACA.Es una asociación sin fines de lucro que si mañana toman toda esta plata y se mandan a mudar, hay que ir a un juzgado comercial y pedirles la quiebra".
Jorge Rizzo, pte. del CPACF, en contra del proyecto de "matrícula federal" para los abogados de todo el país.
En octubre de 2016, cuando se presentó el proyecto, el CPACF publicó una solicitada en el diario La Nación denunciando que la FACA es una federación, “a la sazón, una Asociación Civil sin fines de lucro y por ende, con afiliación de carácter estrictamente voluntario, que jamás llevó adelante ninguna estrategia que defienda las incumbencias profesionales, los honorarios ni cualquier otra cuestión atinente a nuestra profesión, pretende hoy avasallar las autonomías de las provincias que componen la República así como la de la Ciudad de Buenos Aires”.
En la misma sintonía se habían pronunciado, al momento de discutirse el proyecto en la Cámara Baja, Colegios de Abogados de distintas Departamentales de la provincia de Buenos Aires, como los de La Matanza, Avellaneda-Lanús, Quilmes, San Martín Lomas de Zamora, Moreno y General Rodríguez, que criticaron que se le conceda a la FACA un “rol organizativo y preponderante, por tratarse de una entidad de derecho privado y asociación involuntaria”.
Mesa directiva de COLPROBA, que agrupa colegios de la provincia de Buenos Aires. Hoy es presidida por el Dr. Mateo LABORDE, colegio de Mercedes, y el vicepresidente 1º: Dr. Bienvenido RODRIGUEZ BASALO (Quilmes).
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