Unicef lanzó una campaña sobre los pasos que hay que seguir en caso de una detención arbitraria o de violencia institucional.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), son comúnmente consideradas formas de violencia institucional: "La discriminación por parte de los policías, el sometimiento a un proceso penal en el marco de una “causa armada”, el golpe de una tonfa policial en el ingreso a un estadio de fútbol, las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (ej. la venta, el consumo de sustancias prohibidas, el trabajo sexual), las heridas causadas por el uso de armas, las ejecuciones y la tortura".
En caso de una detención que se considere arbitraria, el detenido tiene derecho a llamar a sus familiares, a un abogado o a cualquier persona que considere de confianza.
Asimismo, el obligación de la fuerza de seguridad que efectuó la detención informar al juez. El detenido y sus familiares deben poder acceder a la información de quién es el juez interviniente y el motivo de la detención.
Está prohibido cualquier tipo de abuso o maltrato por parte de las fuerzas de seguridad. De suceder, es un hecho que debe ser denunciado por el abogado de la víctima de la violencia institucional.
De ser menor el detenido, nunca se lo puede poner en una celda o calabozo compartido con adultos. A su vez, en los lugares de detención no pueden mezclarse los sexos. Hombres y mujeres deben estar en celdas distintas.
En caso de la presentación de un documento al detenido, nunca firmar sin leer. En lo posible, sólo hacerlo con la presencia del abogado defensor. Sino, el detenido está en su derecho de firmar "en desacuerdo".
El habeas corpus es una herramienta legal que puede realizar cualquier persona sin necesidad de ser abogado. Sirve para presentársela al juez en caso de una detención arbitraria o violencia institucional.
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