Con 51 votos a favor y dos abstenciones, ayer se aprobó en la Legislatura porteña la ley para que los inquilinos particulares no paguen más la comisión de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Según la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad, más de un tercio de las viviendas de la Ciudad son ocupadas por inquilinos. 

 

La ley establece la prohibición de cobrar la comisión al inquilino. A partir de ahora, los gastos iniciales de la operación de alquiler dependerá de los propietarios. Además, las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración.

 

 

La norma fija que los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de Internet y en las oficinas de las inmobiliarias. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el encargado de velar por los derechos de los inquilinos y de los propietarios, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para brindar asistencia legal y gratuita, según lo establecido en el texto.

 

El proyecto fue presentado por la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lía Rueda, y la presidenta del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto.

 

"Acertada pero insuficiente"

 

Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, advirtieron que la norma sancionada es "acertada pero insuficiente" porque, si bien "implica una mejora en las condiciones de acceso al alquiler", excluye algunos puntos del preoyecto que ese organismo había presentado junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados y el CELS. 

 

No fueron incluidos en la norma la creación de un sistema público de garantías y de oficinas públicas de asesoramiento, la gratuidad de las certificaciones de las firmas, la adopción de medidas para evitar prácticas discriminatorias.

 

"El proyecto creaba una mesa de trabajo para la formulación de políticas públicas que promovieran la oferta de inmuebles en alquiler para sectores medios y bajos y establecía mecanismos más eficientes que fiscalicen el cumplimiento de las leyes que regulan este mercado", aseguraron desde el Ministerio.